Cerca de un millón engrosa la cuenta del control externo

El brote de externalizaciones en el seno del Gobierno andaluz continúa. Ahora la Dirección General de Fondos Europeos, dependiente de la Consejería de Economía y Conocimiento que comanda Antonio Ramírez de Arellano, pagará cerca de un millón de euros por servicios de «verificación y control de las operaciones» cofinanciadas con el Programa Operativo regional Feder de Andalucía en el periodo 2007-2013 en concreto en «las actuaciones gestionadas por la Agencia Andaluza de Energía», incardinada, a su vez, en la estructura de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. ¿El importe global de la adjudicación? 774.900 euros, más la cuota correspondiente de IVA que en este caso asciende a los 162.729, lo que suma un global de 937.629 euros. El beneficiario ha sido KPMG Auditores SL, que presentó, según la Junta, «la oferta económicamente más ventajosa».

El pliego de prescripciones técnicas vinculado a la contrata, cofinanciada con fondos de la UE, marca que esta empresa dará apoyo técnico a la dirección de Fondos Europeos en el desempeño de las atribuciones de control que le corresponden aplicables al Decreto-Ley 172014, de 18 de marzo, por el que se reguló el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía y se efectuó la convocatoria de incentivos para 2014 y 2015; así como a la Orden de 4 de febrero de 2009, por la que se establecieron las bases reguladoras de un programa de fondos para el desarrollo energético sostenible en la comunidad, con convocatorias 2009-2014. En el caso del primero, las tareas a llevar a cabo incluirán la verificación de «la realidad de la entrega de bienes y prestaciones de servicios que van a ser certificadas para su cofinanciación», lo que conllevará acciones sobre el terreno cuando proceda; o la comprobación de que los gastos susceptibles de ser declarados están soportados mediante facturas o documentos contables y de que han sido debidamente pagados. A ello se suma la fiscalización de la subvecionabilidad de los gastos generales –sólo serán elegibles los que cumplan los requisitos de las normas de ámbito estatal y comunitario–, y del IVA –sólo es subvencionable si no es recuperable–.

Los ingresos generados por el proyecto en el periodo de cofinanciación no serán elegibles, se advierte de forma expresa en el pliego de la Junta. Y es que los auditores de la Comisión Europea han dado esta consideración a los gastos refacturados por agencias administrativas y públicas empresariales a sus contratistas «con motivo de las direcciones de obras, gastos de información y publicidad, control de calidad...», se admite.

Se deberá revisar además el cumplimiento de las normas en vigor sobre contratación pública y concesión de subvenciones, y de la normativa comunitaria sobre ayudas de Estado, información y publicidad, fomento de la igualdad de oportunidades y protección del Medio Ambiente.

Todo ello implicará el análisis contable de los expedientes objeto de control «en todas sus fases», para lo que será necesario que la empresa acceda al sistema de gestión de los fondos europeos en la agencia; el análisis jurídico de éstos; el registro del control y de sus resultados; o el archivo de los documentos de trabajo en el formato que determine la Junta.

La cuantía a chequear se estima en la nada desdeñable cantidad de 180 millones, como «límite máximo» –dependerá de que el equipo verificador privado disponga de la documentación necesaria para realizar el trabajo–. El plazo máximo de ejecución del contrato se ha fijado hasta el 30 de junio de 2016, aunque éste podría ampliarse.

No es el primer servicio hilvanado a la agencia de la Energía que se externaliza. LA RAZÓN ya informó en enero de que ésta asignó, en un proceso negociado sin publicidad y urgente, un contrato de asistencia para el «seguimiento técnico» y la «evaluación» de subvenciones. En aquella ocasión se eligió a Proyecta Gestión Integral de Proyectos SL, una consultora de Valladolid, por un montante de 57.289,60 euros, que con el IVA se elevó hasta los 69.320, 42.

Tampoco es el primer encargo del Ejecutivo regional a KPMG Auditores SL, sociedad que trabaja con empresas del Ibex 35 como Iberdrola. Le asignó una «auditoría» individual de las distintas sociedades integrantes del grupo Invercaria y de «sus fondos gestionados» durante los ejercicios económicos 2015, 2016 y 2017. Concesión que se cerró en total en 123.238,50 euros.

La Justicia también investiga en paralelo externamente tanto la gestión de Invercaria como la de subvenciones y ayudas cofinanciadas por la UE como los fondos Jeremie, llevada a cabo por el Gobierno autonómico.