Cooperación sin justificar

La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, ente público dependiente de la Junta de Andalucía, concedió 84 millones de euros en subvenciones en 2009. Un año antes ya había estallado la crisis económica, aunque los Gobierno socialistas eran reacios a reconocerla. Por establecer una comparativa, el actual bipartito ha impulsado un decreto contra la exclusión social que pone como ejemplo en España y que está dotado con 120 millones, cifra no muy alejada de lo que se gastó en proyectos a través de Organizaciones No Gubernamentales y sindicatos hace cuatro años. El problema no es que se invierta un dinero del Presupuesto público en zonas deprimidas del mundo cuando existen situaciones de necesidad en la comunidad, un debate que tiene muchas aristas; lo verdaderamente grave es que se haga sin justificar. Lo dice la Cámara de Cuentas, circunstancia que se está convirtiendo en norma cada vez que este organismo fiscaliza cómo la Administración andaluza se gasta los fondos públicos. Los auditores han detectado una serie de incumplimientos en materia de plazos y del reglamento de la Ley General de Subvenciones y advierten de que la Agencia no tenía «implantado un sistema de plazos para solicitar al beneficiario la presentación de la justificación». También de este tipo de ayudas se benefician los sindicatos. UGT y CC OO recibieron más de un millón de euros para sendos proyectos a través de subvenciones excepcionales. En el caso de la segunda, además, se le suprimió «la obligación de aportar informe de auditoría al presentar la justificación de la subvención». Hay que ser más escrupulosos con el dinero público.