Cs presiona a Díaz con la reforma de la ley electoral

La reforma de la ley electoral de Andalucía es una de las 70 medidas que pactaron PSOE y Ciudadanos en junio de 2015 para desatascar la investidura de Susana Díaz. El partido que dirige en Andalucía Juan Marín lleva reclamando que se concrete esta promesa en una ley desde entonces, pero a cada demanda ha seguido una patada hacia adelante por parte del Partido Socialista. Por eso Ciudadanos elevó ayer el tono de la reclamación y lanzó un ultimátum: o los grupos llevan una propuesta consensuada ante del mes de marzo o será su partido el que lleve al Parlamento una proposición de ley.

El líder regional de Ciudadanos esgrimió algunos datos para poner de relieve el distinto tratamiento que dispensa la actual ley electoral. Cualquier diputado del Partido Socialista, dijo, cuesta 30.000 votos, mientras que su formación tuvo que sumar 41.000 votos por escaño. Asimismo, señaló que en las últimas elecciones autonómicas se tiraron «a la basura» 284.000 sufragios, los restos que no sirvieron para llegar al umbral de un escaño parlamentario.

Marín apeló a que el grupo de trabajo se constituyó hace 20 meses y ya se han otorgado dos prórrogas, por lo que para su formación es el momento de pasar de la teoría a los hechos. «Es una cuestión de igualdad entre los ciudadanos», deslizó Marín, quien se remitió a su «lealtad» en el cumplimiento de los compromisos y «éste –abundó– usted y yo lo tenemos firmado».

La presidenta de la Junta no planteó ningún horizonte concreto. Se remitió al transcurrir de esta legislatura, igual que hizo cuando se reunió con Juan Marín en el palacio de San Telmo a finales de mayo para analizar el cumplimiento del acuerdo de investidura. Un encuentro en el que Susana Díaz también lanzó otros compromisos que están en el aire como la eliminación de los aforamientos.

Susana Díaz enmarcó el desarrollo del acuerdo en lo que dicta el Estatuto de Autonomía de Andalucía y, sobre todo, en que exista unanimidad entre todas las fuerzas políticas. «La reforma electoral, insistió, se debe llevar a cabo entre todos». Ésta es precisamente la principal circunstancia que hace difícil el acuerdo porque los intereses de los partidos más votados –PSOE y PP– no son los mismos que los de Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida.