CSI-F baraja elevar a la Fiscalía la situación laboral de los ex Faffe

La extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) se resiste a caerse de los titulares. Varias fuentes aseguran a LA RAZÓN que un grupo de sus ex trabajadores, subrogados ahora a la agencia de régimen especial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), «está en la actualidad en el Centro de Referencia para la Orientación de Sevilla, en el que se ha creado una especie de subcentro con ellos». Según se puede comprobar en la web del Gobierno andaluz existe uno de estos entes –«centros de servicios para el empleo»–, por cada provincia, integrados dentro de la red «Andalucía Orienta», en la que hubo despidos previos.

Preguntado por esta cuestión, el secretario de Acción Sindical de CSI-F, Francisco Iglesias, lo confirma y critica que la Junta «mantenga el oscurantismo sobre esa fundación, incluso sobre su personal». «¿En qué trabajan? ¿Quién les paga? ¿Quién los contrata?», se pregunta en batería. Expresa a este periódico sus sospechas acerca de que «pueda existir una cesión ilegal de empleados, lo que supondría un fraude de ley, al contratárseles para una cosa y hacer otra», avisa. En ese sentido, desvela que el 17 de diciembre de 2013 su sindicato remitió un escrito dirigido al director de la agencia del SAE a quien solicitaron que se les comunicara «la situación laboral en la que se encuentran» los trabajadores de la antigua Faffe, «al haber sido contratados para unas funciones que ya no realiza la agencia». ¿A qué se refieren? Como recuerdan en el texto, el pasado año se transfirieron a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, las competencias de formación para el empleo, a través del Decreto 128/2013, de 24 de septiembre. Funciones a las que, en teoría, «estaban destinados esos empleados».

«¿Estamos ante una cesión ilegal de trabajadores?», insiste Iglesias y matiza: «Porque eso está penado por la ley, es un delito». Lamenta que la respuesta oficial haya sido el silencio. Una señal de que «la publicitada transparencia de la Administración autonómica brilla por su ausencia», ironiza.

CSI-F cree que «se están cometiendo irregularidades importantes» ligadas a la ex Faffe. De hecho, en su documento ya advierten de que la central «adoptará las medidas legales oportunas en todos los ámbitos que estime convenientes, para la restitución del derecho en el funcionamiento» de la agencia del servicio de empleo.

«Nos estamos planteando denunciar el asunto y barajamos la posibilidad de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía para que se depuren responsabilidades», ratifica el dirigente sindical.

De momento, fuentes de la Junta admitieron ayer que «puede que sí haya ex empleados de Faffe integrados en el centro de referencia de Sevilla, como personal ya del SAE». Dejaron claro que «no hacen labores administrativas», al ser ese núcleo el que «coordina al resto de Orienta». Si bien, en su web se especifica que esos puntos cumplen una doble función: «Coordinación de los servicios de orientación y servir de referencia y modelo para la orientación de los demandantes de empleo», para lo que cuentan con «una zona de administración». Además, el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, aseveró en San Telmo que se trata de «personal subrogado que en el SAE realiza funciones administrativas auxiliares». En ese confuso escenario, fuentes sindicales exigen saber «a qué se dedica exactamente» el colectivo. Cabe recordar además que se buscan casi 49 millones de dos subvenciones concedidas por el Ejecutivo regional a la desaparecida fundación en 2009 y 2010 y que, según recoge la Cámara de Cuentas en un informe que estudia la Fiscalía Superior de Andalucía, no tienen «justificación alguna». De otro lado, el programa «Andalucía Orienta» «per se» está en el punto de mira por su vinculación con la contabilidad de UGT-A.