¿Deberían los comisionistas de los ERE afrontar un único juicio como los cargos públicos?

Núñez ya sacó de la pieza de los sobrecostes a la mujer de Lanzas para investigarla sólo en la matriz del caso y su abogado avisa de «agravios comparativos»

En la encrucijada en la que se ha convertido la instrucción del proceso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, sobre todo al establecer la Audiencia Provincial de Sevilla que ex altos cargos de la Junta no podrán ser juzgados por lo mismo tras el juicio de la rama política en el que ocuparán el banquillo de los acusados, cabe un interrogante: ¿lo que vale para los representantes públicos, valdrá también para comisionistas u otros encausados privados? El «caso ERE» está dividido ya en más de ochenta piezas separadas de la matriz poco a poco. La principal es la mencionada separata política en la que se trata de determinar si el procedimiento específico por el que se asignaron –está por confirmarse si arbitrariamente o no– los fondos de la Junta, es ilegal. Hay otra pieza con entidad que la actual instructora de la «macrocausa», María Núñez, desgajó en junio de 2016 y que rota en torno a las sobrecomisiones «muy al parecer superiores al precio de mercado» que se pagaron en las pólizas suscritas para el abono de las ayudas y que supusieron un sobrecoste, de acuerdo al sumario, de 66 millones de euros. En este proceso hay ya casi una treintena de imputados entre los que se encuentran el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, su ex chófer Francisco Trujillo, el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, el llamado «conseguidor» de los ERE, el ex ugetista Juan Lanzas; el cuñado de éste y presunto testaferro, Ismael José Sierra; el abogado Carlos Leal, ligado a Estudios Jurídicos Villasís; Antonio Albarracín, ex directivo de la consultora Vitalia y varios sindicalistas, entre otros.

De esa lista se cayó recientemente la mujer de Lanzas, Patrocinio Sierra. Su representante procesal, Julio Martínez, recurrió la inclusión de su cliente en la misma por parte de la instructora y uno de los argumentos que empleó es que la incorporación de Sierra a dos procedimientos distintos por hechos iguales, el de las sobrecomisiones y el de la pieza matriz, vulneraba el principio legal del «non bis in idem –no dos veces por lo mismo–». O expresado de otra forma, el que la investigada recibiera 227.509,16 euros por la firma de una póliza de prejubilación vinculada a la empresa Hitemasa, lo que constituiría un presunto delito de malversación, o se depuraba penalmente en unas diligencias o en otras, pero no, como se pretendía, según el letrado, «en las dos a la vez y simultáneamente». «O una u otra», llegó a plantear en su escrito. La instructora admitió el recurso y la sacó del bloque de las sobrecomisiones para investigarla sólo por su supuesta ilícita inserción en el ERE de Hitemasa para pagar comisiones a su marido, adelantándose en cierta medida a lo que luego dictaminó la Audiencia. ¿Se repetirá esta maniobra en el futuro? ¿Los comisionistas privados tendrán que hacer frente también a un único juicio, como los cargos públicos al del bloque político, en lugar de a decenas de ellos? O formulado el interrogante de otra manera: ¿los condenados en las sobrecomisiones por prevaricación o malversación si los hubiera, no podrán serlo también en otras piezas abiertas en torno a los ERE de las múltiples empresas implicadas en este «macroproceso»? Hay quien podría considerar que, de no ser así, se producirá «un agravio comparativo» entre unos y otros, como expuso a LA RAZÓN el propio Martínez. Parece que pese a los más de seis años, salir del laberinto de instrucción de esta causa tal vez implique reducirla de nuevo a su esqueleto.