Díaz quiere gestionar todos los fondos europeos para la lucha contra el paro juvenil

Critica al Gobierno ante Barroso porque el Ministerio se ha reservado el 50 por ciento de los 1.800 millones concedidos.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, trasladó ayer en Bruselas al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, la necesidad de poder intervenir en la gestión de los fondos de la futura Garantía juvenil para luchar contra el desempleo. En este tema, Díaz criticó que el Gobierno central «pretende retener, gestionar directamente, el 50% de esos fondos, cosa que es incompatible con el hecho de no tener competencias en políticas activas de empleo». «Si pretende gestionar ese 50%, significa que solo lo puede hacer privatizando esas políticas activas de empleo», sentenció la presidenta, para quien ese no debería ser el camino. «Lo adecuado es que los programas sean consensuados con las comunidades autónomas. Barroso ha destacado que se tendrá en cuenta la tasa de desempleo juvenil y la tasa de abandono escolar y la capacidad de llevar a cabo los proyectos, así que le voy a pedir al Gobierno que se siente para poder conciliar la hoja de ruta» de presentación de los planes, añadió.

Por otra parte, la presidenta de la Junta trasladó al responsable de la Comisión su preocupación por la posible demora de la construcción del tramo Algeciras-Bobadilla, que dijo, «es fundamental en la red de puertos de Andalucía y debe ser urgente en el programa Conectar Europa». En su opinión, debe estar «dentro de las prioridades que deben trasladar los gobiernos» y «no puede esperar a 2020, que es el plazo posible». «Ese tramo no puede esperar tanto para poner en relación el puerto con el corredor mediterráneo y el corredor central. Debe ser una realidad inminente», planteó. En este sentido, Díaz se mostró sorprendida de que Barroso fuera consciente de que ésta es una de las reivindicaciones del tejido productivo y económico.

La presidenta, que también pidió al Ejecutivo comunitario que no haya más demora en la aplicación del Acuerdo pesquero con Marruecos, reclamó que «de manera inmediata» se resuelva el expediente que permita la incorporación de la SEPI en el accionariado de Airbus, que depende del comisario de Competencia, Joaquín Almunia. Con ello, dijo, se podría «dar seguridad a 1500 trabajadores de las tres factorías que están pendientes de que esa incorporación no sea considerada por parte de la Comisión ayudas de Estado».

Asimismo, subrayó el compromiso de su gobierno con el control del déficit y recalcó el «esfuerzo ingente» que ha hecho Andalucía en esta materia para lograr estar por debajo de la media de España. Concretamente, explicó, la región se encontraba en el mes de noviembre en el 1,13%, cuando la media española es 1,26 y hay margen de hasta el 1,58 hasta el final del periodo.

Por otra parte, Díaz también destacó el compromiso de la Junta con la estrategia de especialización inteligente, que presentará antes de terminar el plazo de abril, en marzo. «Andalucía traslada seguridad a la hora de gestionar cualquier tipo de fondo», recalcó en declaraciones a la prensa tras la reunión, que duró 45 minutos. Un mensaje envuelto en pleno escándalo por el desvío de fondos de UGT.

En cuanto al reparto de la Política Agraria Común, Barroso informó a la presidenta del esfuerzo hecho para que España «saliera bien parada», pero Díaz le comunicó que ese esfuerzo no se ha trasladado hacia la comunidad autónoma andaluza, que «va a dejar de ingresar 418 millones de euros» en «un sector fundamental, de arrastre, muy importante por su capacidad en la recuperación, por su capacidad de seguir creciendo».