«Dura lex, sed lex»

«Dura lex, sed lex» es un aforismo originado en el derecho romano que remite en Marbella al «caso Malaya». La sentencia dictada la pasada semana por el Tribunal Supremo ha reabierto el debate sobre el destino de las multas a las que han sido condenados los más de medio centenar de procesados en la causa.

No ha tardado la Junta en reclamar al Ejecutivo central que destine al Ayuntamiento de Marbella el dinero procedente de las multas, para «resarcir» el daño ocasionado por la trama de corrupción. Durante una visita a la Ciudad de la Justicia de la capital malagueña, el consejero de Justicia, Emilio de Llera, conminó al Gobierno a hacer «un ejercicio de solidaridad», si bien reconoció que «con la ley en la mano» las penas de multas deben ser destinadas a la Administración general. Con todo, el Ejecutivo regional formalizará la petición «para que destine esos fondos con los que probablemente no contaba» y posibilite que el Consistorio «recupere su erario público». En la misma línea se manifestó el alcalde de Marbella, José Bernal, quien consideró que el dinero que se recaude en concepto de multas sea reintegrado a las arcas públicas «porque se trata de un dinero que fue desfalcado al Ayuntamiento». El presidente de la Audiencia provincial de Málaga, José Godino, reivindicó en su día el «deseo y esperanza de los ciudadanos de Marbella» de que parte del dinero que se recaude en el proceso por comiso revierta en beneficio de la localidad costasoleña. Según Godino, «no es justo que como consecuencia de los actos y conductas enjuiciados , el pueblo de Marbella se encuentre endeudado durante años con Hacienda».

Fuentes jurídicas consultadas consideran que «no se puede confundir responsabilidad civil con multas» para explicar que «por mucho que como ciudadanos nos gustaría que todo lo que se obtuviese en concepto de multas fuera para el municipio, la realidad es que la ley no prevé eso». Al respecto, las mismas fuentes inciden en que «una cosa es la responsabilidad civil, que es la cantidad a la que resultan condenados por la producción de un daño en concepto de reparación o restitución de dicho daño y otra cosa es la pena de multa, que es una pena más, igual que la pena de prisión o inhabilitación, que impone el pago de una cantidad de dinero, pero es un claro concepto retributivo o como castigo». «Esas multas, ese dinero que se recauda, la Ley prevé que se atribuya al Estado, no a los perjudicados por el delito que han debido hacer valer su derecho a través de esa responsabilidad civil», subrayaron para considerar que «el Supremo no ha sido en este punto arbitrario, se ha limitado a aplicar la Ley». Ya lo sabían en la antigua Roma: «Dura es la ley, pero es la ley».