Ecologistas acusa al presidente de la CHG de «burlar» a la Justicia

El consejero de Empleo competente en asuntos mineros, José Sánchez Maldonado, confirmó ayer que los servicios jurídicos de la Junta estudian la posibilidad de recurrir en casación la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anuló la resolución de la antigua Innovación de 7 de abril de 2009 que permitió que se reanudase la actividad de la mina Cobre las Cruces (CLC) en suelos sevillanos de Gerena, Guillena y Salteras. Aludió además a una resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) de 24 de octubre de 2013 –como también hizo CLC–, para aseverar que ésta «ampara y refuerza» la gestión hídrica del complejo minero y que «en su día también avaló la Agencia Andaluza del Agua». Pero Ecologistas en Acción no lo ve tan claro y lo argumenta tirando de los recursos judiciales ligados a este asunto que han presentado durante años con paciencia de hormiga. Interpusieron uno en diciembre de 2013 contra la ahora polémica resolución de la Confederación, a la que exigieron que retrotrajera el expediente a fecha de 1 de enero de 2009, porque entendían que «todas las actuaciones» realizadas por la agencia del agua desde entonces «habían sido declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional» al devolver éste las competencias sobre la Cuenca del Guadalquivir a la CHG. La respuesta de la última fue el silencio, aseguran, y en septiembre de 2014, presentaron un nuevo recurso ante el Alto Tribunal regional, aún en tramitación.

A ello se suma que en noviembre de 2014, el juzgado numero 5 de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla estimó de forma parcial otro recurso de la organización «verde» y dio fuerza de legalidad a la exigida «retroacción» del expediente a la «situación administrativa inmediatamente anterior al 1 de enero de 2009», según consta en el fallo consultado por LA RAZÓN. Una sentencia que es firme –no fue recurrida ni por la Junta ni por la CHG ni por CLC– y que el juzgado notificó en enero a la Confederación para que se procediera a su ejecución «en el plazo de 10 días». Paso que no se ha dado, según ratifica a este periódico el ex coordinador de Ecologistas en Sevilla Isidoro I. Albarreal, casi seis meses después. Es más, acusan al presidente de la CHG, Manuel Romero, de haber «resuelto de manera extemporánea» otro de sus recursos «dando validez a los actos ilegales» de la agencia del agua y «negándose a la retroacción» del expediente, «burlando flagrantemente la orden del juzgado». Una actitud que, a juicio de Ecologistas, «constituye un auténtico desacato» y así lo «harán constar» ante el órgano judicial afectado, junto con «la petición de ejecución forzosa de la sentencia», adelanta Albarreal. Y hay más. Solicitarán que «se trasladen a la Fiscalía las actuaciones de desacato del presidente de la CHG, por si fueran objeto de delito».

La minería captó la atención de los partidos de la oposición. El PP aludió a la existencia de «sombras» en la adjudicación de los proyectos por parte de la Junta, a la que Podemos exigió que asuma «de forma rápida, precisa y contundente sus responsabilidades políticas» y explique «por qué operan al margen de la ley». Para el líder de IULV-CA, Antonio Maíllo, «la chapuza se está convirtiendo en la característica de las políticas de mina».