El bipartito impulsa ahora una Carta de Derechos de la Ciudadanía

El vicepresidente del Ejecutivo andaluz y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, anunció ayer que su departamento va a comenzar los trabajos de elaboración de la Carta de Derechos de la Ciudadanía, un compromiso del acuerdo de gobierno entre PSOE e IULV-CA, que supone, en su opinión, «un sistema de blindaje» de derechos ante el «vaciamiento» del Estatuto de Autonomía que está llevando a cabo el Gobierno central.

En rueda de prensa, en la que informó sobre los objetivos de su departamento para el presente 2014, Valderas explicó que con dicha carta se pretende pasar de «derechos reconocidos por el Estatuto de Autonomía a derechos exigibles por parte de la ciudadanía», en materia de vivienda, salud o educación, entre otros muchos.

«Vamos a elaborar una Carta de Derechos de la Ciudadanía que nos lleve del respaldo estatutario que te debe garantizar un derecho a la capacidad de exigir el cumplimiento de ese derecho por parte de la ciudadanía», subrayó Valderas, para apuntalar que se trata de «traducir normativamente los elementos que el Estatuto quiere garantizar como básicos».

Según destacó el vicepresidente dicha carta, que debe concitar el mayor consenso posible, significa «cambiar todo un modelo de concepción de los presupuestos, de todo lo que tiene que representar una acción económica y una intervención nueva desde el Gobierno andaluz al conjunto de la sociedad para hacer cumplir esos derechos de garantía».

Junto a ello, Valderas sostuvo que 2014 va a ser «un año clave» en el que se van a celebrar cuatro debates muy importantes para «la Andalucía de futuro»: el nuevo marco europeo de inversión y financiación; el modelo de financiación y de fiscalidad; el debate sobre el modelo de Estado, en el que la comunidad debe «alzar la voz»; y la recuperación económica y la creación de un nuevo modelo productivo. «2014 debe de ser –proclamó el izquierdista– el año del empleo, sin olvidar las víctimas de la crisis; el año del impulso de las leyes acordadas; de la defensa del Estatuto y de ese nuevo modelo de Estado federal; el año del impulso para el cambio necesario de la Constitución y el de orientar el nuevo modelo productivo en el marco de un gran acuerdo económico y social».

En relación en concreto con la Carta de Derechos de la Ciudadanía, la vicesecretaria de Organización de los populares andaluces, Ana Corredera, mantuvo que no es más que «pura palabrería para atacar y para confrontar con el Gobierno de la Nación».

A juicio de la dirigente del PP-A, la aseveración del vicepresidente del bipartito sobre que se trata de un «sistema de blindaje» es «absolutamente falsa» porque tanto el Estatuto de Andalucía como la Constitución española ya «garantizan esos derechos», además de dejar claro «cuáles son los derechos de los andaluces y de los españoles».

Es por ello, según recalcó Corredera en la sede de su partido, por lo que esta medida no es más que «pura palabrería para atacar y para confrontar» con el Gobierno central.