El bipartito pagará a los parados en exclusión 25 euros al día por contrato

La Junta de Andalucía publicó ayer en el BOJA el Decreto-Ley de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social, una de las banderas que enarbola para diferenciarse del Gobierno central. El texto, aprobado el martes en el Consejo de Gobierno, incluye, entre otras medidas, un programa de ayuda a la contratación, que rememora planes anteriores como el Plan E de Zapatero o el Proteja –la versión andaluza de este último–. Gestionado por los ayuntamientos, el objetivo del bipartito es crear en torno a 40.000 contratos con una duración mínima de 15 días y máxima de 3 meses: una especie de «minijobs» con cargo al erario público.

El Decreto-Ley no fija el salario de cada trabajador. Tras el Consejo de Gobierno, el Ejecutivo andaluz situó el sueldo que recibirían los desempleados en torno a 1.000 euros al mes. La realidad es otra. Aunque no lo cita expresamente, según la redacción de la norma, finalmente percibirán en torno al Salario Mínimo Interprofesional, fijado para este año en 645,30 euros mensuales, 21,51 euros al día.

El artículo 17.3 del texto detalla que «la financiación de cada contrato incluido en el Programa no superará, incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social, los 1.000 euros en cómputo mensual, o su equivalente proporcional en caso de contratos de diferente duración al mes y dentro de los límites establecidos en el apartado anterior. En el caso de que el coste del contrato sea superior a dicho importe, el Ayuntamiento asumirá la parte del coste no financiada por el mismo». Y el 17.7 señala que «los ayuntamientos asumen la condición de empleadores y, por tanto, la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones laborales, fiscales y de Seguridad Social que establecen las disposiciones vigentes respecto a todas las personas contratadas con cargo al Programa de Ayuda a la Contratación». Fuentes consultadas por este periódico señalan que a tenor de esta redacción, a los 1.000 euros de cada contrato habría que descontarle el 28,30 por ciento por contingencias comunes –un 23,60 lo paga la empresa, el consistorio en este caso, y un 4,70 el trabajador–. Se suma la cotización por desempleo –8,30 por ciento–, Fogasa –0,2– y Formación Profesional –0,70–. Lo que le queda líquido al mes a cada desempleado estará en torno al Salario Mínimo, pese a que en ningún momento se cita en el Decreto-Ley que ésta será la remuneración de estos «minijobs».

El artículo 12.2 sí cita que «los 40 millones con los que está dotado el Programa de Ayuda a la Contratación «se distribuirá entre los ayuntamientos de manera directamente proporcional al número de personas en paro en cada municipio registradas al 31 de diciembre del año 2012, de conformidad con los datos que contenga el sistema de información del Servicio Andaluz de Empleo, garantizando en todo caso que todos los ayuntamientos de la comunidad autónoma de Andalucía tengan asignada como mínimo la cuantía equivalente a un contrato por un período de un mes». El anexo III detalla el importe que recibirá –si lo solicita– cada municipio. Hay 47 pueblos de los 771 con los que cuenta la región que sólo recibirán 1.000 euros, es decir, un contrato de un mes para una persona en riesgo de exclusión social.

La Junta ha dejado en manos de los ayuntamientos la gestión completa del programa. Las administraciones locales tendrán que seleccionar a los parados en riesgo de exclusión y garantizar que se cumplen los fines del programa. Además tendrán que justificar los pagos y las actuaciones realizadas. Se les exige también abrir una cuenta en una entidad financiera para controlar el destino de los fondos.