El bipartito se lo toma con calma

El 18 de abril, PSOE e IU formalizaron su Acuerdo por Andalucía, base del programa conjunto que debe aplicar en esta legislatura el Gobierno de coalición. En total, 250 medidas y 28 leyes que en estos ocho meses no han tenido avances significativos. Todo se fía a los próximos años y a que la situación económica mejore. En los Consejos de Gobierno de los martes no ha habido acuerdos relevantes. El bipartito forja su unión en su oposición a las políticas de Rajoy más que en cumplir lo acordado.

El empleo

Es el primer punto del acuerdo. Definido como «prioridad de la política andaluza», la Junta se ha mostrado incapaz de aportar nada nuevo. Ávila y Valderas –consejero de Empleo y vicepresidente– escenificaron a la perfección esa incapacidad para poner en práctica políticas contra el desempleo. Fueron de la mano a ver a la ministra Fátima Báñez para reclamarle un Plan de Empleo para Andalucía. El argumento: aunque el Gobierno andaluz tiene transferidas las competencias en materia de políticas activas de empleo, la financiación corresponde al Ejecutivo central. Si éste no da dinero, no hay nada que hacer. El ejemplo más claro es la situación que viven los promotores de empleo y los asesores, despedidos por la Junta ante la falta de recursos presupuestarios. El desmantelamiento del SAE ya es un hecho.

El acuerdo también contempla la creación de una «Agenda de Andalucía por el Empleo». Se le ha cambiado el nombre, ya que ahora, con el nuevo Pacto por Andalucía, pasará a integrarse en este último.

En cuanto al plan de choque anunciado, las cantidades previstas se detraerán de los recursos que se destinan a la financiación incondicional de los ayuntamientos para 2013, lo que mermará las arcas municipales. La destrucción de empleo, en cualquier caso, no se ha frenado, y la tasa de paro supera el 35 por ciento de la población activa.

Un último aspecto de este punto también está en cuarentena. «Adecuaremos la oferta educativa de formación profesional con una visión integral», dice uno de los apartados. Los cursos de Formación Profesional para el Empleo han sufrido un importante recorte y aún existe incertidumbre sobre cómo gestionará la Consejería de Educación estas competencias a partir del 1 de enero.

Renovación económica

Desde la «Segunda modernización» o «Andalucía sostenible», el desarrollo sostenible ha funcionado como un eslogan sin grandes resultados evidentes. El bipartito también aboga «por un nuevo modelo productivo». Una Ley Integral de Agricultura o un Pacto por el Turismo Sostenible conforman parte de esta estrategia sin que hasta la fecha se hayan evidenciado grandes cambios. En todo caso, nuevos problemas: la industria aeroespacial con el incierto futuro de Alestis o la paralización de proyectos inmobiliarios vinculados al turismo tras la aprobación del nuevo decreto-ley sobre el litoral andaluz son dos ejemplos.

Tampoco hay novedades sobre el Instituto Público de crédito Andaluz, una de las exigencias de IU. Un banco público al servicio de «la financiación de las pymes» andaluzas que ha causado recelos en las entidades financieras privadas y en la patronal de empresarios. Los «fondos reembolsables» ya estaban en marcha desde la llegada de Griñán y su introducción en el mercado no ha paliado las dificultades de liquidez de las empresas.

La subida de impuestos anunciada se ha pospuesto. En el Presupuesto de 2013 no aparece ninguna figura impositiva nueva ni la modificación de las ya existentes. Las reformas del Impuesto sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones, contempladas en el acuerdo, no se han producido. Tampoco, un gravamen sobre grandes superficies comerciales.

Avanzar en democracia

La Ley de Transparencia, de momento, es un anuncio. Se aprobará en el próximo periodo de sesiones y será «de máximos», ha dicho la consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz. De momento, al no estar en vigor, el bipartito ha sorteado la comisión de investigación de los ERE con el fracaso admitido por todos los Grupos políticos. La intención es que se reforme el reglamento del Parlamento para «garantizar» la creación de este tipo de comisiones. El caso Invercaria aguarda para ver cómo queda la norma. Pero no sólo es eso, las cesantías de altos cargos siguen vigentes y la opacidad en torno al sector público empresarial –denunciada en el Parlamento por IU– sigue presente.

Dentro de este apartado y también referido al sector público, los firmantes tienen la intención de aprobar la «Ley del Estatuto Básico del Empleado y Empleada públicos de Andalucía», un proyecto que despertará nuevas rencillas con los funcionarios que esperan la decisión del Supremo sobre la polémica de reordenación del sector público empresarial. Esta decisión marcará el futuro de las empresas públicas de la Administración andaluza y el de más de 20.000 empleados que trabajan en ellas sin haber pasado unas oposiciones.

Otro bloque importante es el de la justicia. Más preocupados por las reformas del Gobierno central, los organismos judiciales parecen ajenos a las promesas del bipartito de "descongestionar nuestros juzgados". Promesas como completar la red de Ciudades de la Justicia que aparecen en el pacto fueron desmentidas pocos días después de ocupar el cargo por parte del Consejero de Justicia Emilio de Llera.

Sí se ha avanzado en un proyecto polémico: ya existe un anteproyecto de ley de memoria democrática para Andalucía que está elaborando el vicepresidente Valderas. En su día, amenazó a los ayuntamientos que no retiren símbolos franquistas con negarles subvención alguna por parte de la Junta. El responsable de Justicia calificó la iniciativa de "monstruosa"aunque luego "rectificó".

Sostenibilidad y cohesión territorial

En materia de agua, parece inviable que el cien por cien del territorio de Andalucía depure sus aguas en 2015 como mandata la Unión Europea. Es parte del acuerdo de ambas formaciones, pero ni el canon aprobado el año pasado y que subió el recibo del agua en toda la región permitirá lograrlo.

Otro asunto pendiente es las competencias de la gestión de la cuenca del Guadalquivir, que tras la sentencia del TC han vuelto a manos del Estado. Es otra de las grandes reclamaciones que se iba a materializar a través de una Iniciativa Legislativa Autonómica.

En materia de infraestructuras, las dificultades presupuestarias han hecho que se paralicen los grandes proyectos. No habrá nueva en 2013. Además, IU no es partidaria de la colaboración público-privada, lo que añade más incertidumbre al sector. Dentro de la movilidad sostenible, el departamento que dirige Elena Cortés sí ha aprobado un Plan de la Bicicleta que tendrá que desarrollarse en colaboración con los ayuntamientos.

Educación

No se ha salvado de las estrecheces presupuestarias, por mucho que suponga una "linea roja"en el bipartito. Los impagos a las guarderías o los despidos de interinos muestran que el sistema también se ha resentido. También se han mermado programas educativos, como el de los ordenadores personales -que ahora serán compartidos y se eliminan para la enseñanza concertada- o los recursos para alumnos con necesidades especiales, denunciados públicamente por los afectados. Pese a ello, el acuerdo contempla la extensión de la enseñanza bilingüe, obviando que tampoco este curso se han alcanzado los 1.200 centros bilingües prometidos en 2008; la implantación de la enseñanza TIC 2.0; o el nuevo plan de calidad.

"Defenderemos el sistema universitario público andaluz. Garantizaremos una financiación suficiente"reza el acuerdo. Desde 2011, según las diez universidades públicas andaluzas, la Junta les adeuda 750 millones. Han hecho incluso un comunicado público alertando de sus problemas de tesorería.

Salud

Tampoco es ajena a los recortes. El conflicto con los médicos residentes ha evidenciado que las costuras del sistema están a punto de estallar. Son médicos en práctica, pero su ausencia con motivo de la huelga evidencia la falta personal en el sistema público. "Profundizaremos en la estabilidad del personal de los centros sanitarios", reza un apartado del acuerdo.

La sosteniblidad del sistema es otro reto. El Servicio Andaluz de Salud sigue acumulando facturas sin pagar. Las farmarcias tendrán que recurrir a un crédito para poder cobrar. Según datos del PP-A, a fecha 31 de octubre de este año el SAS acumulaba una deuda de 1.230 millones de euros- 710 millones con Farmaindustria y otros 520 con la Federación Española de Tecnologías Sanitarias (Fenin)-. Y eso después de acogerse al plan de pago a proveedores por un importe de 2.763,3 millones de euros correspondiente a 772.753 facturas, de las que el 97% era imputables a gasto sanitario.

El modelo andaluz tampoco ha garantizado la supervivencia del sistema pese a la promesa de "profundizar en todos aquellos mecanismos de gestión pública que permitan introducir eficiencia en la prestación del servicio sanitario". En este punto, el conflicto por la subasta de medicamentos con el Gobierno central es utilizado como arma arrojadiza, aunque tampoco solventa todos los déficits de Salud.

Inclusión

La Renta Básica ya se quedó en el acuerdo en un mero Grupo de Trabajo, el mecanismo más eficaz para retardar la puesta en marcha de cualquier iniciativa. La reducción de fondos para la Ley de Dependencia ha afectado a numerosos colectivos. Los asociaciones de discapacitados han protagonizado numerosos actos de protesta ante los impagos de la Junta. Otro aspecto que quedó en un mero desiderátum de que 0,7 por ciento del Presupuesto se destine a cooperación internacional. En 2013, los Presupuestos contemplan 54 millones de euros para esta fin: 44 corresponden a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aacid) y 10, al igual que en 2012, al Fondo Andaluz para la Promoción del Desarrollo (Faprode). En 2012, la partida inicial fue de 75,8.

Igualdad de oportunidades

El bipartito se comprometió "al desarrollo de un Plan de Empleo Juvenil dirigido a facilitar el emprendimiento y el acceso al empleo de la juventud andaluza". Con un paro juvenil por encima del 50 por ciento, la falta de oportunidades laborales es uno de los principales problemas de los más jóvenes en Andalucía. De momento, existe el compromiso de "priorizar"una Ley de la Juventud Andaluza, según ha asegurado la responsable de Presidencia e Igualdad Susana Díaz.

Los socios de Gobierno están convencidos de resolver los problemas de los ciudadanos con la promulgación de leyes, de las que de momento poco se concretan. Es el caso de la Ley sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad o el Plan Estratégico de Envejecimiento Activo.

El capítulo de vivienda está parado por falta de recursos económicos. Aún así, hay previsto un nuevo Plan Concertado de Vivienda y Suelo (2013-2016). De momento, la prioridad, según la Consejería de Fomento y Vivienda es la rehabilitación.

En materia de Consumo, competencias de Valderas, la gestión se ha centrado especialmente en la apertura de expedientes a entidades financieras por la venta de participaciones preferentes; forma parte del compromiso de mejorar "la cultura financiera"de los andaluces.

Deporte es otra de las materias que se ha quedado en difícil situación ante la falta de ingresos. Los patrocinios a eventos deportivos han bajado y la apuesta por el deporte base no se ha visualizado.

En Seguridad, los cambios más evidentes se han producido en el Servicio de Emergencias 112 debido a las protestas de los trabajadores, que reclaman a la Junta por los despidos en la empresa concesionaria del servicio.

Defensa del Estatuto

Las dificultades presupuestarias lastran las iniciativas políticas concretas. Quizá por eso el bipartito ha hecho de la defensa del Estatuto de Autonomía su principal acción de Gobierno. Lleva meses pergeñando un gran Pacto por Andalucía en defensa del Estatuto y contra las políticas de Rajoy que debe culminarse antes del próximo 28 de febrero. La coartada perfecta para justificar sus incumplimientos. El agravio como estrategia, que aún sigue dando réditos. Este apartado del acuerdo de gobernabilidad era una enmienda a la totalidad de las reformas anunciadas por Rajoy. Entre ellas, proponía "un sistema de financiación justo y equitativo", obviando que lo aprobó el Ejecutivo de Zapatero con el beneplácito de la Junta; o la devolución de las competencias de gestión de la cuenca del Guadalquivir, decisión del Tribunal Constitucional.

Región fuerte en Europa

Pese a la importancia de "avanzar en la representación de la Junta de Andalucía en Europa", el Ejecutivo andaluz ha estado todo el año sin delegado en Bruselas. Hasta principios de diciembre no nombró a Francisca Pleguezuelos como responsable de la Oficina que la Junta tiene en la capital europea. La negociación de las perspectivas financieras de la UE para el periodo 2014-2020 es responsabilidad del Gobierno central. La preocupación ante el nuevo escenario de la Política Agraria Común es notable.

Otro bloque importante es el de la justicia. Promesas como completar la red de Ciudades de la Justicia que aparecen en el pacto fueron desmentidas por parte del consejero de Justicia, Emilio de Llera, pocos días después de ocupar el cargo .

Sí se ha avanzado en un proyecto polémico: ya existe un anteproyecto de Ley de Memoria Democrática para Andalucía que está elaborando el vicepresidente Valderas. En su día, amenazó a los ayuntamientos que no retiren símbolos franquistas con negarles subvención alguna por parte de la Junta. El responsable de Justicia calificó la iniciativa de «monstruosa», aunque luego «rectificó».

Sostenibilidad

En materia de agua, parece inviable que el cien por cien del territorio de Andalucía depure sus aguas en 2015 como mandata la Unión Europea, pese a que es parte del acuerdo de ambas formaciones.

En cuanto a infraestructuras, las dificultades presupuestarias han hecho que se paralicen los grandes proyectos. No habrá obra nueva en 2013. Además, IU no es partidaria de la colaboración público-privada, lo que añade más incertidumbre al sector. Dentro de la movilidad sostenible, el departamento que dirige Elena Cortés ha aprobado un Plan de la Bicicleta que debe desarrollarse en colaboración con los ayuntamientos.

Educación

No se ha salvado de las estrecheces presupuestarias, por mucho que suponga una «línea roja» en el bipartito. Los impagos a las guarderías o los despidos de interinos muestran que el sistema también se ha resentido. Se ha acabado con los incentivos a los profesores que más aprobaban para ahorrar. También se han mermado otros programas educativos, como el de los ordenadores personales –que ahora serán compartidos–. Pese a ello, el acuerdo contempla la extensión de la enseñanza bilingüe, obviando que tampoco este curso se han alcanzado los 1.200 centros bilingües prometidos en 2008.

«Defenderemos el sistema universitario público andaluz. Garantizaremos una financiación suficiente» reza el acuerdo. Desde 2011, según las diez universidades públicas andaluzas, la Junta les adeuda 750 millones.

Salud

Tampoco es ajena a los recortes. El conflicto con los médicos residentes ha evidenciado que las costuras del sistema están a punto de estallar. La sostenibilidad del sistema es un reto. El Servicio Andaluz de Salud sigue acumulando facturas sin pagar. Las farmacias tendrán que recurrir a un crédito para poder cobrar. Según datos del PP-A, a fecha 31 de octubre de este año el SAS acumulaba una deuda de 1.230 millones de euros. Y eso después de acogerse al plan de pago a proveedores por un importe de 2.763,3 millones de euros correspondiente a 772.753 facturas, de las que el 97% era imputables a gasto sanitario.

El modelo andaluz tampoco ha garantizado la supervivencia del sistema pese a la promesa de «profundizar en todos aquellos mecanismos de gestión pública que permitan introducir eficiencia en la prestación del servicio sanitario». En este punto, el conflicto por la subasta de medicamentos con el Gobierno central es utilizado como arma arrojadiza, aunque tampoco solventa todos los déficits de Salud.

Inclusión

La Renta Básica ya se quedó en el acuerdo en un mero Grupo de Trabajo, el mecanismo más eficaz para retardar la puesta en marcha de cualquier iniciativa. La reducción de fondos para la Ley de Dependencia ha afectado a numerosos colectivos. Las asociaciones de discapacitados han protagonizado numerosos actos de protesta ante los impagos de la Junta. Otro aspecto que quedó en un mero desiderátum fue que el 0,7 por ciento del Presupuesto se destine a cooperación internacional. En 2013, los Presupuestos contemplan 54 millones de euros para esta fin; en 2012, la partida inicial fue de 75,8.

Igualdad de oportunidades

El bipartito se comprometió «al desarrollo de un Plan de Empleo Juvenil dirigido a facilitar el emprendimiento y el acceso al empleo de la juventud». Con un paro juvenil por encima del 50 por ciento, la falta de oportunidades laborales es uno de los principales problemas de los más jóvenes en Andalucía. De momento, existe el compromiso de «priorizar» una Ley de la Juventud Andaluza, según la responsable de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz.

El capítulo de vivienda está parado por falta de recursos económicos. Aún así, hay previsto un nuevo Plan Concertado de Vivienda y Suelo (2013-2016). La prioridad es la rehabilitación.

En materia de Consumo, competencia de Valderas, la gestión se ha centrado en la apertura de expedientes a entidades financieras por la venta de participaciones preferentes.

Deporte es otra de las materias que se ha quedado en difícil situación ante la falta de ingresos. Los patrocinios a eventos deportivos han bajado y la apuesta por el deporte base no se ha visualizado.

En Seguridad, los cambios más evidentes se han producido en el Servicio de Emergencias 112 debido a las protestas de los trabajadores, que reclaman a la Junta por los despidos en la empresa concesionaria del servicio.

Defensa del Estatuto

Las dificultades presupuestarias lastran las iniciativas políticas concretas. Quizá por eso el bipartito ha hecho de la defensa del Estatuto de Autonomía su principal acción de Gobierno. Pergeña un gran Pacto por Andalucía en defensa del Estatuto y contra las políticas de Rajoy que debe culminarse antes del próximo 28 de febrero, la coartada perfecta para justificar sus incumplimientos. El agravio como estrategia, que aún sigue dando réditos.

Región fuerte en Europa

Pese a la importancia de «avanzar en la representación de la Junta de Andalucía en Europa», el Ejecutivo andaluz ha estado todo el año sin presencia en Bruselas. Hasta principios de mes no nombró a Francisca Pleguezuelos como responsable de la Oficina que la Junta tiene en la capital europea. En realidad, la negociación de las perspectivas financieras de la UE para 2014-2020 es responsabilidad del Gobierno central.