El cambio de clasificación de terrenos en Motril podría acabar en la Fiscalía

Ecologistas en Acción no suele rehuir la pelea. En un escrito registrado el pasado día 4 recuerda a la alcaldesa de Motril (Granada), la socialista Flor Almón, que incumplir una ley a sabiendas, puede suponer un ilícito penal.

Ecologistas en Acción no suele rehuir la pelea. En un escrito registrado el pasado día 4 recuerda a la alcaldesa de Motril (Granada), la socialista Flor Almón, que incumplir una ley a sabiendas, puede suponer un ilícito penal. La organización defiende en su texto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, que el servicio de Urbanismo del Consistorio sabe «perfectamente» que «es falso» que «la Ley de Transparencia no sea de aplicación hasta diciembre de 2016», como se sostiene en un informe en el que tumban las alegaciones que los conservacionistas presentaron contra la reclasificación de unos 22.000 metros cuadrados de suelo protegido a urbanizable para evitar un «pelotazo urbanístico».

A juicio de Ecologistas, la desestimación de sus alegaciones en relación a la vulneración de las normas de transparencia podría suponer una conducta tipificada en el artículo 404 del Código Penal que fija que «a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo, se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a 15 años». Ello con el «agravante», según se añade en su escrito, de que «atentar contra las leyes de transparencia, es atentar directamente contra el derecho de acceder a la información pública, en los términos previstos» en el articulado de la Constitución y, su incumplimiento, «viciaría de nulidad radical» el proceso de reclasificación del suelo, conforme a lo establecido en la ley de procedimiento administrativo. «En un caso donde se van a mover ingentes cantidades de dinero», avisan fuentes de la organización «verde», si «esos hechos llegan a producirse finalmente», deberían «ser investigados por la Fiscalía de Delitos Económicos», por lo que no descartan presentar una denuncia ante el Ministerio Público.

En ese tablero, las fuentes consultadas apuntan que cuando un grupo inversor almeriense compró los terrenos ahora en el punto de mira «tenía pleno conocimiento de que poseían una clasificación urbanística que no permitía construir nada», ya que se trataba de suelo protegido para el cultivo. Ecologistas tiene claro que «las expectativas de reclasificación no generan derechos, ni deberían generar presiones para influir en la voluntad de políticos o funcionarios». Punto en el que vuelven a tirar de la ley para advertir de que el artículo 78 de la de Bases de Régimen Local determina que «son responsables de los acuerdos de las corporaciones locales los miembros de las mismas que los hubiesen votado favorablemente».

Esta mañana se celebra un Pleno en el Ayuntamiento de Motril en el que está previsto que se aborde la desestimación de todas las alegaciones presentadas en torno a este asunto. IU ya ha anunciado que no será «cómplice» de lo que tilda de «tropelía» y Equo Granada también ha mostrado su rechazo a la reclasificación. Lo que suceda al final podría acabar en la Fiscalía.