ERE

El Consultivo tira cuatro intentos de la Junta de archivar el fraude

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Carlos Rojas
El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Carlos Rojaslarazon

«Se dictamina desfavorablemente», reitera el Consultivo. «Doble discurso» de la Junta, denuncian los populares. El PP criticó ayer, a través de su portavoz parlamentario Carlos Rojas, que Susana Díaz «en la calle quiere aparentar acabar con la corrupción pero desde su despacho marca una estrategia para pedir al Consejo Consultivo que archive los expedientes de recuperación de ayudas». La presidenta andaluza «ha renunciado a recuperar el dinero porque quiere dar carpetazo a los escándalos que ha habido en la Junta» para «cerrar en falso el mayor escándalo de corrupción sin depurar responsabilidades políticas», indicó Rojas. «Lo que dijo de pasar página sobre los ERE, lo mantiene», añadió.

Desde que Susana Díaz llegó a la Presidencia, el Consultivo ha dictaminado en cuatro ocasiones de manera desfavorable otras tantas peticiones de la Junta de archivar los expedientes de revisión de oficio de ayudas de los ERE fraudulentos para su reintegro, según los dictámenes a los que accedió LA RAZÓN de Andalucía. «Los expedientes del Consultivo dicen claramente que ha habido un cambio de estrategia a peor» consistente en «olvidarse del asunto de recuperar el dinero y pasar página de los ERE», indicó Rojas.

«El Consultivo lanza una llamada de atención a la Junta y dice que no se pueden archivar los expedientes irregulares, sino declarar la nulidad y como fin último recuperar el dinero», explicó el PP. La semana pasada, el TSJA dictaminó en la misma línea en una sentencia en la que se abre la puerta a que los intrusos no devuelvan las cantidades cobradas. El TSJA reprocha al Gobierno andaluz su actitud y advierte de las consecuencias: «Sorprende que las resoluciones (de reintegro de la Junta) traten de ocultar dicha realidad (pagos sin justificación), tratando de dar una apariencia de legalidad a los pagos sin causa, en lugar de procurar la íntegra recuperación de las cantidades indebidamente pagadas». Según los populares, desde el verano, el Consultivo ha emitido once dictámenes públicos sobre los ERE. Cinco han sido favorables, al no plantearse el archivo. Uno se ha devuelto porque estaba mal tramitado. Cinco han sido desfavorables. El hecho de que en dos meses y medio se hayan producido cuatro dictámenes del órgano asesor y en los 15 meses anteriores, seis, «pone en evidencia que Díaz tiene mucha prisa en cerrar en falso» y «dar carpetazo» al «caso ERE». El PP-A exigió a la presidenta «que recupere todo el dinero que se ha robado en los ERE». Por otra parte, Rojas censuró que «no es el único caso que Díaz quiere ocultar y cerrar en falso», señalando el caso de los fondos de formación que afecta a las subvenciones concedidas a UGT. «Sigue el mismo guión de ocultación y obstruccionismo», indicó Rojas, que criticó que PSOE e IU se opongan a que el responsable del sindicato comparezca en el Parlamento y denunció la falta de información sobre la investigación interna que, supuestamente, ha puesto en marcha la Junta. «Díaz tiene un concepto de la transparencia muy alejado de la realidad», aseguró el PP-A, añadiendo que «ninguna campaña de imagen, ni ningún paseíllo triunfal por la pasarela socialista va a tapar la gran mancha de corrupción».

Por su parte, la presidenta de la Junta garantizó que su Gobierno perseguirá recuperar hasta el último euro que se haya sustraído de manera ilegal de las arcas públicas. «No le quepa ninguna duda al PP-A, porque los ciudadanos creo que cada día irán teniendo menos, de que vamos a perseguir recuperar hasta el último euro que de manera ilegal se haya sustraído de las arcas públicas en Andalucía», indicó en rueda de prensa junto al presidente de Extrema-dura, el popular José Antonio Monago.

Preguntada sobre el hecho de que PSOE-A e IULV-CA rechacen la comparecencia de UGT-A y CC OO-A sobre el asunto de las facturas en el Parlamento andaluz, la presidenta de la Junta indicó que la Cámara es la que tendrá que decidir cuántas comparecencias se estimen necesarias, en el marco del Reglamento, apuntando que no será ella quien diga al legislativo cómo tiene que ser su funcionamiento.