El denunciante del «caso Infoca» insiste: en la Junta lo «obligaron a firmar»

Traslada a la Fiscalía un escrito en el que explica que negarse le costó represalias como que le quitaran un plus

Un funcionario dio origen con sus denuncias a las causas en la que se analizan contratos de medios aéreos para el Plan Infoca y de EPES
Un funcionario dio origen con sus denuncias a las causas en la que se analizan contratos de medios aéreos para el Plan Infoca y de EPES

Traslada a la Fiscalía un escrito en el que explica que negarse le costó represalias como que le quitaran un plus

El Gobierno andaluz incoó en octubre de 2017 un expediente disciplinario contra J. G. D., el funcionario que está detrás de los procesos judiciales en los que se investigan contratos para el Plan Infoca y de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES). Lo acusaron de la posible comisión de «faltas disciplinarias graves y muy graves» tales como «acoso laboral y moral, sexual y por razón de sexo, grave desconsideración» con compañeras y «atentado grave a la dignidad» de esas funcionarias, según consta en el expediente que le abrieron el año pasado y que quedó suspendido a la espera de una resolución judicial, tras elevar los hechos a la Fiscalía de Sevilla.

Ahora J. G. D. ha enviado un escrito al Ministerio Público en el que asegura que ha recibido una notificación del juzgado contencioso-administrativo en la que se le trasladó que éste había solicitado una copia del expediente y de la grabación del juicio en el que se dirimió a su favor lo sucedido en relación a otra sanción disciplinaria previa que se le impuso en el seno de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. El funcionario transmite a la Fiscalía que en la mencionada grabación y en la documentación relacionada podrá comprobar que tres personas de ese departamento «mintieron» en lo relativo a aquel proceso judicial e insiste en una idea: se le quiso obligar a «firmar cosas manifiestamente ilegales» en el seno de ese departamento del Ejecutivo regional.

J. G. D. explica al Ministerio Público que estuvo hasta 45 días sin trabajar y le «quitaron el complemento de productividad» por negarse a estampar su rúbrica donde consideraba que no debía hacerlo, pese a las presuntas pretensiones de dos de sus superiores en la consejería, el actual jefe de servicio de contratación de Medio Ambiente, A. M. L., uno de los investigados del «caso Infoca», y C. G. S., jefa de departamento.

«Cómo voy a obedecer una directriz –plantea en su escrito a la Fiscalía– que es ‘firma esto aunque sea ilegal para que los altos cargos ganen dinero’ o ‘como no has querido firmar, ahora me vas a hacer un informe de un expediente en 20 minutos, si no, voy a decir que te abstienes de tus funciones y te puedo incoar un expediente disciplinario», remata.