El «derecho» de cobrar por no hacer «prácticamente nada» en los ERE

Sevilla- Los sindicatos no son «Hermanitas de la Caridad». El punto en común entre los indicios de la instrucción del «caso ERE», con testimonios y órdenes de pago incluso, y la defensa a ultranza realizada por las más altas esferas de CC OO y UGT. La juez señala que encontraron «durante una década en Andalucía una forma de financiación irregular» a través de los ERE presuntamente fraudulentos, imponiendo «de manera arbitraria e ilegítima» el pago por su mediación y «como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de estructuración empresarial». Los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, se quejan de que hay «una sentencia anticipada» y hablan de «indefensión». Su homólogo en Comisiones Obreras de Andalucía, Francisco Carbonero, indicó que «si negociar y conseguir mejoras para los trabajadores algunos lo califican como ser conseguidores, CC OO no va a renunciar a ello nunca» o, añadió el líder de UGT-A, el sindicato «está en su derecho» de cobrar cuando participa en la tramitación de ERE, ya que «realiza estudios que hay que cobrar». Alaya, por su parte, señala que los sindicatos cobraban sólo por aportar «información privilegiada» y en ocasiones «aunque no hubiesen efectuado trabajo alguno». Toxo y Méndez exigieron celeridad en el proceso y recordaron que «una instrucción de la Guardia Civil no es una condena». Los líderes sindicales subrayaron que en la década investigada hubo más de 1,5 millones de afectados por ERE en España, de los que 81.464 estaban en Andalucía, el 5% y que en el 96% de los casos «nadie puede plantear ninguna ilegalidad». El undécimo encarcelado de la trama, José González Mata, administrador de Uniter, señaló que los sindicatos supervisaban todo el proceso con «sus brokers», ITG y Atlantis. Como contraprestación, las empresas de González Mata destinaron 3.253.031 euros a los sindicatos y la aseguradora Vitalia, 4.291.384 euros, según Alaya.