El dragado del Guadalquivir, en manos de la Junta

El Ministerio de Medio Ambiente no quiere ser la única administración que se pronuncie sobre el controvertido dragado del Guadalquivir. Por ello, una vez recibido el proyecto de protección de márgenes del río por parte de la Autoridad Portuaria de Sevilla –requisito indispensable para sopesar la autorización–, el departamento que dirige Miguel Arias Cañete ha remitido el documento a la Junta de Andalucía para que se manifieste. De esta manera, la pelota está ahora en el tejado de la Administración autonómica, que, precisamente, no se ha mostrado hasta el momento muy a favor de la iniciativa; más bien ,todo lo contrario.

De hecho, en varias ocasiones el Gobierno andaluz ha respaldado la idea de acometer el dragado de mantenimiento, pero no de profundización. Sobre este último extremo, ha emplazado la decisión a la elaboración a una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA). En estos términos se ha expresado recientemente la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, quien ha asegurado que el estuario «podría resultar dañado» con esta operación , sobre todo «si no se llevan a cabo una serie de medidas de impacto medioambiental».

Precisamente, el Parlamento andaluz aprobó la pasada semana una proposición no de ley (PNL) presentada por el grupo de IU en la que solicita de la Administración autonómica una implicación directa para evitar que el proyecto pueda llevarse a cabo sin cumplir los requisitos técnicos establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental. También reclama al Gobierno central que aplique la cantidad incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2014 para el dragado a acometer las intervenciones previas. Y es que, según expuso el diputado de la federación de izquierdas Manuel Baena, fue una «sorpresa» ver cómo en los PGE se destinaba una partida «innominada» de 400 millones para el proyecto.

Fue a finales del pasado mes de octubre cuando la Autoridad Portuaria remitió a Puertos del Estado el informe, haciendo hincapié su presidente, Manuel Fernández, en que se había trabajado «codo con codo» con los técnicos de la Junta, del Ministerio de Medio Ambiente y del Parque de Doñana. También reivindicó que la dirección ambiental de la iniciativa está garantizada al contar al frente con el catedrático de Biología de la Universidad de Sevilla José Carlos García, premio de la Unesco en esta rama.

Sin embargo, el proceso se topó recientemente con un escollo significativo. La Comisión Europea abrió una infracción y emplazó a las autoridades españolas a presentar sus observaciones respecto al caso. Fue el colectivo ecologista WWF el promotor de la queja ante Europa, alertando que se podría estar vulnerando la normativa, independientemente de subrayar los efectos que tendría la medida sobre los cultivos. Sin embargo, el colectivo reconoció que «a este órgano llegan miles de quejas y sólo un porcentaje muy pequeño prospera».