El investigado Ojeda denuncia ahora a la Junta por prevaricación «masiva»

Acusa al Ejecutivo andaluz de dar órdenes a sus funcionarios con el «bastardo objetivo» de no pagar a «miles de empresarios» lo que se les debe por cursos «impartidos y justificados»

El ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda está a su vez siendo investigado por prevaricación y malversación
El ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda está a su vez siendo investigado por prevaricación y malversación

Acusa al Ejecutivo andaluz de dar órdenes a sus funcionarios con el «bastardo objetivo» de no pagar a «miles de empresarios» lo que se les debe por cursos «impartidos y justificados»

En la contienda judicial que mantienen la Junta y el ex consejero andaluz Ángel Ojeda, uno de los principales investigados en el «macroproceso» sobre los cursos de formación que arma el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, se ha abierto un nuevo capítulo. El ex titular de Hacienda ha pasado de señalado a inculpador al presentar una denuncia contra el Gobierno regional por un supuesto delito de prevaricación «masiva» que afectaría a «miles de empresas y empresarios» beneficiarios de las acciones formativas subvencionadas, incluidas nueve entidades de su entramado. ¿El motivo? Ha sido «tremendamente célere y ágil», para revisar ayudas y arrancar expedientes de reintegro, según Ojeda, pero ha «paralizado» la revisión de las justificaciones de cursos impartidos hace años que «harían nacer el derecho al cobro de entre el 25 y el 50 por ciento» de fondos concedidos en su día y que aún no habría sido abonado por parte de la Administración regional.

En la denuncia, articulada por el abogado Juan Antonio Resino y que recayó en el juzgado sevillano de Instrucción número 20, se asevera que la Junta «ha podido causar órdenes a sus funcionarios para evitar que nazca en los beneficiarios el derecho a cobrar» por unos cursos «verdaderamente impartidos y justificados» en su momento, presuntamente, «con el bastardo objetivo de impedir a las empresas denunciantes alegar compensación de créditos en los expedientes de reintegro» resueltos en su contra, a la que «tendrían derecho si sencillamente se liquidase lo pendiente».

El ex consejero cree que hay mimbres para una investigación por prevaricación dado que el Ejecutivo andaluz ha optado por bloquear de forma «consciente y dolosa» los expedientes de liquidación, imposibilitando con ello que empresarios «cobren lo que en derecho les corresponde», a lo que hay que sumar que se han incoado expedientes de reintegro de la totalidad o parte de las ayudas repartidas con un «objetivo netamente político». Lamenta que el Ejecutivo regional esté «haciendo pagar» a «justos por pecadores» y someta a las entidades beneficiadas a «un mismo rasero de presunción de culpabilidad» de forma supuestamente «arbitraria». Además reprocha a la denunciada el haber cambiado ahora de criterio en la verificación de los expedientes –en su caso se han revisado más de un centenar– y exigido documentos que «ya se habían entregado años antes» con el objetivo de «no pagar».

Expuesta su tesis en una contundente narrativa judicial e incoadas diligencias previas de investigación, Ojeda amplió su denuncia para insistir en la idea de que el Gobierno autonómico ha «congelado» el dictado de «actos expresos de liquidación con la única intención de que sus legítimos beneficiarios no cobraran lo que se les debía». Una conducta, supuestamente prevaricadora, que para la representación procesal del ex consejero «no puede tener amparo» en el argumento de la «ausencia de medios», pues han probado al juzgado, y así se «viene declarando» en la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz en torno a los cursos, que «la Junta sí» que cuenta con «medios más que suficientes» para «incoar expedientes de reintegro», desliza el letrado.

Ojeda insiste en extender el perjuicio del que se queja por el «atropello» de la Junta a «todos» los agraciados con las ayudas formativas y solicita al órgano judicial que pida al Ejecutivo autonómico que aporte a las actuaciones la «certificación acreditativa» de la globalidad de los cursos «pendientes de liquidar y cuyos beneficiarios hayan presentado la cuenta justificativa» y los «documentos acreditativos» ligados a las subvenciones. Pretende también que se requiera al presidente de la comisión de investigación de la Cámara, Julio Díaz (Ciudadanos), para que incorpore a las diligencias «la transcripción de las comparecencias llevadas a cabo hasta la fecha», en especial, la de los interventores, los jefes de servicio y los funcionarios. El propio Ojeda está citado por la comisión parlamentaria de investigación que pretende depurar responsabilidades políticas por el fraude en las acciones formativas el próximo lunes, 11 de abril.

Una semana después ha sido convocado por María Núñez, la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que lo encausó el 11 de septiembre de 2014 por un delito continuado de prevaricación y de malversación de caudales públicos. Su predecesora en el cargo, la jueza Mercedes Alaya, responsabilizó al empresario de haber logrado 33,3 millones sólo en subvenciones para formar y contratar a los ex trabajadores de la factoría de Delphi en Puerto Real (Cádiz) «gracias a sus influencias» en la Junta que ahora denuncia «en virtud de sus antiguos cargos y contactos».

El TSJA obliga a abonar al ex consejero 34.648 euros

El ex consejero Ángel Ojeda destaca en la denuncia que sus acusaciones contra la Junta han comenzado ya a «ser verificadas por el orden contencioso-administrativo». Es una afirmación de parte, pero justo ayer se hicieron públicas dos sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en las que, tras estimar dos recursos interpuestos por la Asociación de Apoyo a la Integración Humanitas, se condenaba al Gobierno autonómico a liquidar y a pagar un importe global de 34.647,94 euros por cuatro cursos de formación que fueron impartidos en 2011. De un lado, el Alto Tribunal regional obliga a la antigua Consejería de Economía, Innovación Ciencia y Empleo a abonar 8.957,44 euros, más los intereses de demora, a la entidad de Ojeda; y, de otro, la cuantía fijada a desembolsar por parte de la Administración se eleva hasta los 25.690,50 euros, de nuevo con sus correspondientes «intereses legales».