El juez de Huelva reacciona contra el carpetazo a la pieza política de los cursos

Pide al fiscal jefe que se pronuncie sobre si sostiene o no la acusación, tras solicitar el Ministerio Público el archivo

Considera «injustificado» el cambio de criterio de la Fiscalía ya que existen «indicios suficientes» para continuar las actuaciones

La Justicia no es monolítica y, mientras varios juzgados de la comunidad han archivado distintas causas que se abrieron en torno a los cursos de formación subvencionados por el Gobierno andaluz, el titular del de Instrucción numero 5 de Huelva, Javier Romero, entiende que en la pieza político del «macroproceso» onubense existen indicios suficientes para continuar las actuaciones contra siete cargos y funcionarios de la Junta, entre los que se encuentra el ex delegado de Empleo en la provincia Eduardo Muñoz. Por ello, ha acordado remitir la causa al superior jerárquico del fiscal del caso, Luis Fernández, para que informe sobre si sostiene o no la acusación en ese bloque, después de que hace una semana el Ministerio Público solicitara el archivo de la misma, en un giro de guión que el magistrado considera «injustificado».

La Fiscalía plasmó ese cambio del «criterio mantenido hasta entonces» en un informe remitido al órgano judicial el pasado 24 de abril en el que pidió «el sobreseimiento de las actuaciones al considerar que los hechos imputados a los investigados no son constitutivos de delito».

En una providencia fechada seis días después, el día 30, y consultada por LA RAZÓN, el magistrado se rearma de argumentos para defender la instrucción y deja claro que durante más de dos años «se ha llevado a cabo una exhaustiva investigación de los hechos» primero por «el Grupo I de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, perteneciente a la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), de la Comisaría General de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía» y después por el propio juzgado que comanda. Y «de todos los trámites y diligencias» que ello conllevó, se dio «cumplida información» al «Ministerio Fiscal», recuerda.

Ese minucioso trabajo tuvo un «colofón», como apunta el propio juez: «Tras los evidentes indicios racionales de criminalidad en los funcionarios de la Junta de Andalucía, en fecha 19 de julio de 2016 se dictó auto de procedimiento abreviado, y pese a todos los recursos interpuestos en su contra, el Ministerio Fiscal, tras cerca de cinco meses de análisis de los mismos, informa que procede la desestimación de los recursos y la confirmación del auto de procedimiento abreviado». Es por lo expuesto, por lo que Romero «no se explica cómo, una vez confirmado el auto por la Audiencia Provincial, y sin practicar ninguna diligencia de investigación adicional», con el resultado conocido de las pesquisas policiales y la mencionada labor judicial, la Fiscalía reclama ahora que se dé carpetazo a la causa, pese a que «meses antes había solicitado la confirmación del auto que especificaba los indicios de delito contra los acusados». En ese escenario, «considerando injustificado el cambio de criterio» y que «hay indicios suficientes» para continuar las actuaciones por los presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos, el juez entiende que «procede» enviar la pieza al fiscal jefe para que decida «si finalmente sostiene o no la acusación». La otra parte del proceso que no es del ala de las defensas, el Ejecutivo regional, también ha demandado el sobreseimiento del mismo.