El PP, dispuesto a llevar el plan del litoral ante el Constitucional

MÁLAGa- El presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, dijo ayer estar dispuesto a llegar hasta el Tribunal Constitucional, para «defender la autonomía municipal» de la «agresión» que supone, a su juicio, el Plan Litoral aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno de la Junta.

Para el también alcalde de Sevilla, el decreto ley de medidas para la protección del litoral «sólo crea problemas y no da ni una sola solución» ya que se trata, a su juicio, de una «medida improvisada» para hacer confrontación a los Ayuntamientos gobernados por el PP.

Tras presidir en el Parador de Turismo de Nerja una reunión con alcaldes andaluces y representantes de municipios afectados por el texto, defendió que el PP podría llevar el conflicto hasta el TC con el respaldo de más de un centenar de municipios, al tiempo que advirtió de que antes «daremos batalla en las instituciones, para lo que se presentarán mociones de rechazo en Ayuntamientos y Diputaciones».

En este punto anunció que los populares exigirán en el Parlamento que la norma se tramite como Proyecto de Ley, «lo que obligaría a la Junta a abrir un proceso de consulta y alegaciones con agentes sociales y Ayuntamientos afectados».

El presidente del PP andaluz alertó de que la puesta en marcha del decreto ley pondrá en peligro 45.000 empleos relacionados con el sector turístico y, sobre todo, sembrará «inseguridad jurídica» que «ahuyentará a los inversores y la creación de riqueza y empleo».

Zoido advirtió de la paradoja que supone que, tras la «desastrosa» gestión que «ha hecho durante décadas la Junta de Andalucía de las políticas de Ordenación del Territorio, y más concretamente de las labores de inspección, control y planeamiento, ahora pretendan desarrollar una norma que paraliza proyectos a los que la propia Junta ha dado el visto bueno, contradiciendo así a la propia administración autonómica».

En este punto, lamentó que la Junta de Andalucía «no tenga el menor reparo en llegar a legislar contra sí misma con tal de hacer oposición al crecimiento de la industria turística, incluso atacando a los alcaldes del PP, todo ello como un peaje que hace a la entrada del Gobierno autonómico de un partido como IU».