El PP pide que se amplíe hasta los 106 millones la investigación sobre Delphi

Solicita a la jueza que se analice el total de las subvenciones a la formación y a la contratación que la Junta repartió para cumplir sus «compromisos políticos» tras el cerrojazo de la multinacional

No se puede construir con barro si se pretende ser hormigón, igual que no se puede cuestionar una mecánica para repartir fondos públicos y poner la lupa sólo en uno de los beneficiarios. Así lo han entendido los representantes procesales del PP-A en la «macrocausa» que sobre las actividades formativas subvencionadas por la Junta articula el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y en la que el partido está personado como acusación. En un escrito elevado a ese órgano judicial, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, piden a su titular, la jueza María Núñez, que amplíe la investigación en la pieza centrada en las ayudas ligadas a la formación de los ex trabajadores de Delphi, con las que se intentó paliar el golpe del cierre de la factoría de ésta en Puerto Real (Cádiz), «al total de las subvenciones concedidas a la formación y a la contratación analizadas en el informe» elaborado por los inspectores de trabajo y seguridad social Roberto Álvarez y Carlos Uruburu, que ya forma parte del sumario. Unos fondos que ascienden a un global de 105.987.407, 54 euros, lo que supera en unos casi 73 los más de 33 millones que se otorgó al entramado de uno de los encausados, en torno a quien se ha hecho girar hasta ahora este bloque: el ex titular de Hacienda del Gobierno regional Ángel Ojeda.

El escrito de los letrados del PP, fechado el pasado 29 de mayo, arranca de hecho con un par de preguntas formuladas en sede judicial por el abogado del ex consejero, Juan Carlos Alférez, a Uruburu, quien acaba admitiendo que «el origen de todo es el mismo», en relación a que las supuestas infracciones detectadas en las entidades de Ojeda, serían iguales en otras que también participaron en acciones formativas para Delphi como las fundaciones Forja XII, la antigua Faffe –Andaluza Fondo de Formación y Empleo–, o Fueca –Universidad Empresa de la provincia de Cádiz–; en sociedades como Gadisolares o Gadicomposity; y en las Escuelas Profesionales Sagrada Familia Zafa. Unas declaraciones que los representantes legales de los populares relacionan con el mencionado informe del propio Uruburu y Álvarez, y en el que se asevera que comprobaron, en relación con Delphi, «la existencia de un sistema de subvenciones directas concebido por la Administración de la Junta» para «dar cumplimiento a sus compromisos políticos con los afectados por el cierre de la factoría». Según el relato de los inspectores, los fondos públicos se destinaron, de un lado, a «la simulación de relaciones laborales para promocionar prestaciones de la Seguridad Social indebidas a un gran número» de ex operarios de la multinacional y, de otro, a «mantener las percepciones de los ex trabajadores al margen de la normativa». Concluyeron además que el «sistema» de asignación y gestión de los incentivos «se llevó a cabo incumpliendo lo dispuesto en la normativa específica y causando un grave perjuicio para el patrimonio de la Seguridad Social, para el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal y para el presupuesto de la comunidad autónoma». A lo que sumaron que ese modelo dio lugar a que algunos de los agraciados con las ayudas «desviaran fraudulentamente una parte considerable del importe hacia una serie de empresas vinculadas, a través de la generación de sobrecostes, la fijación unilateral de precios y la contratación de servicios sin valor añadido para la actividad» financiada. A esa polifonía de extractos del trabajo pericial que los abogados del PP recuerdan a la instructora, añaden otro: el Ejecutivo autonómico realizó «gran parte de sus compromisos a través del mecanismo de concesión de subvenciones a la formación y a la contratación, calificadas como excepcionales y otorgadas por el procedimiento» de endose directo. Punto en el que los inspectores advertían al juzgado de que la mayoría del dinero etiquetado como ayudas a la contratación era, «en realidad», para formación, ya que «casi todos los proyectos subvencionados» eran planes «puramente formativos, aunque se disfrazaron de contratación laboral». En cualquier caso, si se tienen en cuenta ambas categorías, el importe total procedente de las arcas públicas que se escanció a raíz del portazo de Delphi a sus instalaciones gaditanas llegó hasta los prácticamente 106 millones de euros mencionados con anterioridad. De ellos, 35,96 fueron a parar a la extinta Faffe en forma de subvenciones formativas y 70,02 se distribuyeron entre una docena de entidades, incluida de nuevo Faffe y las varias hilvanadas a Ojeda, a modo de subvenciones a la contratación. Todas fueron declaradas excepcionales y se tramitaron por un procedimiento de adjudicación directa, en lugar del ordinario de concurrencia competitiva. En palabras de los representantes legales de los populares, la Junta «acudió a fondos públicos, incumpliendo la normativa dictada por la propia Junta, para sostener sus compromisos con los afectados» por el cerrojazo de la automovilística Delphi.

Por último, y antes de expresar su demanda de que se amplíen las pesquisas, apuntan en su escrito, en línea con lo sostenido por los inspectores, que el Ejecutivo andaluz destinó «fondos procedentes de subvenciones estatales a objetivos distintos de los acordados en los convenios de colaboración y en las leyes de presupuestos generales del estado –al margen de que luego se reclamara su reintegro–» y dedicó partidas de sus cuentas «a fines diferentes de los previstos legalmente».