El PP pide suprimir las expropiaciones de viviendas y crear un fondo social

Suprimir las expropiaciones de viviendas de la Junta, crear un fondo que garantice el derecho a una vivienda «digna y adecuada», poner en marcha un registro voluntario de viviendas públicas y libres que estén deshabitadas o que el control de todo lo relacionado con la función social de la vivienda lo realicen los funcionarios de la Junta y no los «entes instrumentales». Éstas son algunas de las enmiendas, de un total de 82, que el PP ha presentado al conocido como «decreto antidesahucios» del Gobierno andaluz, mediante el cual la Administración autonómica ya ha iniciado tres expedientes para la expropiación de cuatro inmuebles.

La medida «estrella» –la expropiación de viviendas a los bancos– es, a juicio de la vicesecretaria de Territorio del PP andaluz, Alicia Martínez, «innecesaria» porque «las medidas aprobadas por el Gobierno de la Nación para proteger a los deudores hipotecarios ya da una solución a estas personas en situación de vulnerabilidad social». En este sentido, exigió a la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, que se anule esta medida, puesto que «supone un trámite y un coste adicional tanto para la Administración como para el inquilino». A juicio de la dirigente popular, el decreto «no hace realmente efectiva la garantía del derecho a la una vivienda» que recoge el Estatuto de Autonomía, por lo que su formación ha realizado «un ejercicio serio y constructivo», en consonancia con la abstención del PP-A en el Parlamento andaluz cuando se votó la iniciativa.

Por ello, Martínez insistió en que las enmiendas de los populares tanta de «ir más allá» y de «dar una vuelta competa» al decreto ley para implantar «un modelo alternativo que es aplicable ya» y que «será más afectivo de lo que hoy por hoy está haciendo la Consejería».

Entre otras medidas, el PP reclama la creación de un registro de viviendas públicas de la Junta y sus entes instrumentales para que «la mayor inmobiliaria de Andalucía –en referencia a la Junta– tenga como instrumento básico en la adjudicación de inmuebles la transparencia». Para este fin, propone que sea un registro de carácter autonómico y que esté «vinculado a la función social de la vivienda» para que no vuelva a ocurrir, «como ha reconocido la propia consejera Cortés», que la Empresa Pública de Suelo (EPSA) actúe «con criterios comerciales y no sociales».

De forma paralela, el PP demanda un registro voluntario de viviendas públicas y libres que estén deshabitadas y que pertenezcan tanto a personas físicas como jurídicas para dar «cumplimiento al programa de fomento del alquiler» que, según ha advirtió Martínez, «tampoco ha sido garantizado por la Junta en estos últimos años». Además, pide que este registro se publique antes de cada 31 de diciembre para dar publicidad al número de viviendas que se ofrecen.