El PSOE denuncia que Marinaleda vulnera derechos de sus trabajadores

SEVILLA- El portavoz del PSOE en Marinaleda, Mariano Pradas, insiste en que nadie tiene patente de corso para dirigir un Ayuntamiento, ni siquiera el diputado de IULV-CA y alcalde de dicha localidad, el mediático Juan Manuel Sánchez Gordillo.

El socialista denuncia a LA RAZÓN lo que entiende como «una vulneración de los derechos de trabajadores municipales». ¿De qué se trata? Asegura que un grupo de empleados «no puede disfrutar de algo tan elemental y necesario como son las vacaciones que, por ley y por justicia, les pertenecen». Y lo más grave, a su juicio, es que «están sufriendo un trato discriminatorio con respecto a otros trabajadores», lanza.

Pradas se refiere en concreto a operarios del servicio de recogida de basuras y limpieza local, aunque apunta que puede haber otros colectivos «a los que también se les esté privando de ese derecho».

Lamenta que el de Marinaleda sea «el único Ayuntamiento de la provincia de Sevilla que carece de representación sindical», a pesar de ser, en teoría, «la cuna» de la lucha y la resistencia laboral gracias «al nacimiento del Sindicato Obrero del Campo (SOC), ahora Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT)». Circunstancia que, a su parecer, supone una contradicción evidente entre «lo que se predica y la realidad manifiesta».

Quiere dejar claro que ningún trabajador «le ha informado» de la supuesta conculcación de sus derechos de la que avisa. «Entre otras razones», apunta, «porque se juegan sus puestos, algo impensable en estos tiempos de crisis», deja caer.

Asume lo que dice y recalca que «el abuso» que soportan «los trabajadores por los recortes de derechos es un ataque a las libertades». «Y, como siempre –añade–, de los más vulnerables. Algunos ayuntamientos se están aprovechando con muy mala fe», remata.

No es la primera denuncia que Pradas lleva a cabo ligada a la gestión de Sánchez Gordillo. Cabe recordar que en julio prestó declaración ante la Guardia Civil en relación a unas diligencias de investigación penal provenientes de la Fiscalía Superior de Andalucía y vinculadas a la ausencia de plenos ordinarios en el Consistorio.

Ocasión en la que, como adelantó este periódico, declaró además a los agentes que se habían realizado «distintos pagos a empresas dedicadas al transporte de pasajeros con la finalidad exclusiva, supuestamente, de movilizaciones sindicales y, más concretamente, del SAT». De hecho, relató que el concepto de una de las facturas que se abonó a Autobuses Morales SL, por un importe de 4.622,40 euros, fue «Servicios Autobuses a Coronil, Turquillas –finca con una yeguada militar que ha ocupado el SAT en varias ocasiones–, Écija». Así reza en un acta de Junta de Gobierno del Consistorio.

El portavoz socialista alertó, asimismo, a la Guardia Civil de «pagos destinados a otras actividades que no son de competencia municipal» a entidades como Unión Deportiva Marinaleda, o a «viajes varios a distintos países sudamericanos, no teniendo claro la finalidad de éstos».

La verdadera cara de la utopía

Al margen del discurso utópico «oficial» del gobierno de Marinaleda, se ha criticado que los trabajadores de las cooperativas de El Humoso «han acumulado meses de impagos», según denunciaron fuentes del municipio a este periódico. A ello se suma que localidad sufrió problemas de riego, por las deudas con el Consorcio de Aguas Plan Écija que acumula el Consistorio.