El rastreo bancario por las comisiones de los ERE alcanza a UGT Valencia

La Razón
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La Guardia Civil y la juez encargada del caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, siguen dando pasos para acotar el dinero total percibido por UGT y CC OO, así como el recorrido que ha seguido este flujo económico a través de mediadoras y otros participantes en la trama corrupta. En este sentido, Alaya responde a un oficio de la Benemérita y ordena a las asesorías jurídicas de varias entidades financieras que a la mayor brevedad posible informen sobre los datos de cuatro cuentas bancarias. Las pesquisas alcanzan a UGT en la Comunidad Valenciana.

El auto de Alaya, fechado el 18 de febrero y consultado por LA RAZÓN, da respuesta a un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del 6 de febrero. En este oficio, la Benemérita señala que tras las diligencias practicadas en el terreno financiero sobre las comisiones que se han embolsado los sindicatos, y debido a las respuestas recibidas de las entidades bancarias, «están apareciendo nuevas cuentas de destino cuyo titular es alguna federación sindical, tanto de CC OO como de UGT, por lo que para poder culminar el análisis descrito y en su caso determinar el fin último dado a los fondos que nacen en la Administración andaluza», es necesario que la juez ordene una serie de mandamientos judiciales que afectan a varias cuentas bancarias.

Los titulares de las cuentas son la Federación regional de Metal, Construcciones y Afines (la UCO aún no sabe si corresponde a UGT o CC OO); UGT Valencia; la Confederación Sindical de CC OO por otra cuenta en el Banco de Valencia; y la Federación Agroalimentaria (tampoco especifica de qué sindicato).

El rastreo de cuentas en el caso de los ERE no es nuevo. Es una de las piezas fundamentales de la investigación para seguir la pista del dinero. Fruto del minucioso chequeo de 402 cuentas bancarias, la Guardia Civil llegó hasta la espina dorsal del procedimiento para lavar el dinero proveniente de las sobrecomisiones, a través de empresas pantalla, testaferros, personas interpuestas, mediadoras, y también los sindicatos.

El juzgado ha podido acreditar que UGT y CC OO se embolsaron 7,6 millones de euros por tareas que Alaya cree que eran absolutamente prescindibles. En unas ocasiones las recibieron directamente las federaciones, y en otras por la vía trasera de empresas satélites como Atlantis, Temiqui o ITG. Alaya y la Guardia Civil sospechan que la cantidad puede ser mucho mayor. Se estima que sólo el conseguidor de los ERE, Juan Lanzas, ex sindicalista de UGT-A, se embolsó 13 millones de euros en comisiones irregulares. La magistrada, en respuesta de otro atestado de la UCO que señalaba que los intermediarios de los ERE –entre ellos los sindicatos– habían cobrado comisiones que ascendieron a 18.065.630 euros, ya pidió información sobre las cuentas con las que operaban siete federaciones de UGT y CC OO en Andalucía y en el País Vasco. Se investigan los presuntos delitos de malversación, contra la hacienda pública, cohecho, asociación ilícita y blanqueo de capitales.