El SAS no sustituye a los sanitarios acogidos a la reducción de jornada

El Defensor del Pueblo admite a trámite una denuncia de Satse, que afecta a más de 150 efectivosde Córdoba

El sindicato de enfermería Satse alertó ayer de un nuevo recorte que se une a la larga lista que padecen los profesionales sanitarios en la comunidad autónoma: la nula sustitución de enfermeros acogidos a la reducción de jornada por guarda legal. El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la denuncia que presentó la central el pasado 26 de mayo relativa a la falta de sustitución de los más de 150 profesionales de los centros sanitarios de Córdoba que tienen concedida una reducción de jornada por el cuidado de sus hijos, personas mayores o discapacitados. Esta circunstancia afecta a enfermeros, matronas, fisioterapeutas y auxiliares de enfermería, lo que originó igualmente más de un centenar de denuncias individuales ante otras instituciones autonómicas, como el Instituto Andaluz de la Mujer.

En su denuncia, el sindicato asegura que este derecho «emana de varias normas», como el manual de vacaciones, permisos y licencias del personal de centros de instituciones sanitarias del Servicio Andaluz de Salud (SAS); la ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo para promover la conciliación de la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras; el estatuto básico del empleado público y la Constitución española, que en su artículo 39.1 determina «la obligación de la Administración de proteger a la familia».

En este contexto, la no sustitución nominal de la reducción de jornada «tira por tierra tanto esfuerzo legislativo, dejando vacío de contenido el espíritu de tan amplio abanico legal», subraya Satse, además de criticar el «empecinamiento de los gestores del SAS en la provincia de Córdoba en ahorrar no sustituyendo estos casos». Este extremo, por tanto, «dificulta seriamente la conciliación laboral y familiar de los profesionales y la actividad asistencial».

En su escrito, el sindicato señala que éstos «tienen unas responsabilidades familiares que desean atender, por lo que solicitan los permisos legalmente establecidos». En este punto, recuerda que eso «tiene un coste económico en el conjunto de sus retribuciones», ya que se les resta entre un 20 y un 40 por ciento de sus salarios, según la reducción a la que se acojan. Por ello, «si no disponen de un sustituto nominal no pueden satisfacer sus derechos de conciliación de vida familiar y laboral, convirtiéndose en un fraude y un fiasco la normativa de la Junta en este ámbito».

Satse confía en las gestiones del Defensor del Pueblo para «solucionar este grave y preocupante problema», una institución que «siempre ha mostrado especial sensibilidad con todo lo relacionado con la sanidad pública y en especial con sus profesionales». La situación, según la central, afecta mayoritariamente a las plantillas del hospital Reina Sofía y a los centros de las áreas sanitarias sur y norte.

Junto a esta denuncia, el sindicato viene poniendo de relieve otras carencias en el sistema sanitario público, especialmente durante el verano. A la escasa sustitución de médicos y enfermeros que están de vacaciones se suma el cierre de camas, que cifró recientemente en 2.562 en Andalucía. El SAS, por su parte, ha venido negando estos datos y acusó al sindicato de «crear alarma».