El sector de la educación concertada no se fía de la Junta y mantiene las movilizaciones

La Junta de Andalucía quiere taponar con rapidez el conflicto con la enseñanza concertada para evitar que un asunto que preocupa a muchas familias acabe en nuevas protestas en las calles. El acuerdo del pasado miércoles,en principio, debería poner punto y final al conflicto. El compromiso de la Consejería de Educación es no cerrar líneas con demanda y que cualquiera de las que se clausure pueda ser reversible en función de que un cambio en la demografía pueda posibilitar que en años sucesivos repunte la cifra de familias que soliciten plaza en determinados centros. El problema es que la patronal Escuelas Católicas de Andalucía (ECA), vistos los precedentes recientes en otros ámbitos como el sanitario, no se fía y anunció ayer que, por el momento, mantiene las movilizaciones convocadas a expensas de que los dictámenes de las comisiones provinciales refrenden los principios de acuerdo alcanzados. El calendario de protestas incluye una gran manifestación en Sevilla el próximo 1 de abril. La Junta tiene aún plazo para evitarla.

El acuerdo alcanzado no blinda la enseñanza concertada, toda vez que se admiten que existirán recortes en unidades debido, oficialmente, al descenso demográfico. La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, puso en valor ayer este acuerdo que le autoriza a revisar los «niveles de entrada» a este tipo de enseñanza. Según dijo, su departamento revisará «las unidades de Infantil de tres años», para «adecuar la oferta de plazas sostenidas con fondos públicos a las necesidades reales del alumnado». El resto no sufrirá merma, pero es inevitable que si el sistema se estrecha desde abajo se acabe afectando a niveles superiores con el paso de los años.

La reversibilidad de las decisiones que se tomen ahora es un compromiso que se adquiere para los próximos años, pero lo verdaderamente urgente es alcanzar un acuerdo en las unidades que se verán afectadas. Ahí radica el problema y la Junta tendrá que convencer con datos de que no financiará nuevas unidades concertadas. De ahí que Escuelas Católicas de Andalucía, principal patronal del sector, mantenga la presión en la calle a la espera de conocer los informes que se traten en las correspondientes comisiones y que empezarían a conocerse a partir de la próxima semana.

En este sentido, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) en Andalucía emitió ayer un comunicado en el que se sumaba a esta polémica. Advertía en el texto que ante las propuestas de supresión de unidades con más demanda que la media de los centros públicos de la zona, «no negociará este extremo con la Administración», pues debe exigirse el mantenimiento de las mismas «porque así lo dispone la ley y la interpretación que de la misma han realizado los tribunales».

En este contexto, los partidos políticos y los sindicatos también muestran su posición. Así, el presidente del PP-A, Juanma Moreno, exigió a la Junta que certifique «por escrito que no se va a cerrar ningún centro concertado» y evitar la «ambigüedad».

Moreno, que visitó el centro concertado bilingüe Pontífice Pablo VI en Sevilla, criticó el «discurso contradictorio» de la Junta y defendió que la enseñanza concertada presta «un servicio público para una educación digna y de calidad para los niños, lejos de la versión oficial y tendenciosa de algunos políticos».

Desde Podemos e IU se manifestaron en la dirección contraria y abogaron por «reforzar» la escuela pública, mientras que el sindicato CSIF en Andalucía lamentó que desde el curso 2012-13 al curso 2016-17 se han reducido 1.162 unidades de segundo ciclo de educación Infantil, mientras que en la enseñanza concertada se han incrementado en 21 unidades.