El Servicio Andaluz de Salud no tiene quien lo asegure

La Junta se ha visto obligada a declarar desierta una licitación con un valor estimado de 65,8 millones

Desierto. Así declaró la Junta el pasado diciembre el proceso que abrió para contratar un seguro de responsabilidad civil y patrimonial que cubriera al Servicio Andaluz de Salud (SAS). Y ello, pese a que el presupuesto de licitación era de unos nada desdeñables 9.980.000 euros y el valor estimado de la contrata se disparaba hasta los 65.868.000, incluyendo los correspondientes impuestos y las eventuales prórrogas y modificaciones que en este caso, que se ha tramitado como un procedimiento abierto, se contemplaban.

Que el SAS, adscrito a la Consejería de Salud, se ha quedado sin asegurador se puede comprobar en la plataforma de contratación virtual de la Junta, en la que se ha colgado la resolución que así lo confirma. En ella se explica que el expediente administrativo se inició en julio de 2016, se publicó en el mencionado sitio web en septiembre, así como en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y se estableció como límite de presentación de ofertas el día 17 de octubre de 2016 a las 20:00 horas. Es más, ese plazo se amplió hasta finales de ese mes para facilitar a los posibles candidatos interesados en responder por el SAS que concurrieran a la licitación, gracias a una resolución previa de la dirección general de Gestión Económica y Servicios del 17 de octubre de 2016. ¿Qué pasó? Que no llegó ninguna, por lo que no quedó más remedio que poner un punto final al expediente frustrado.

Cobertura de amplio espectro

El tomador del seguro era el SAS, órgano que dirige José Manuel Aranda, y se pretendía garantizar la cobertura del «personal directivo, funcionario, estatutario, laboral, en formación o en prácticas, los acogidos a medidas de fomento al empleo, así como los

relacionados con empresas de trabajo temporal y, en general, cualquier otros dependientes» del mismo, con independencia de su «situación administrativa», siempre que prestaran sus servicios «en los centros, dependencias y establecimientos» del ente de la Junta o en los administrados por éste. Se incluían también los servicios prestados en desplazamiento, remunerados por cuenta del SAS, los profesionales que se encuentran en comisión de servicios «procedentes de otras administraciones públicas», e incluso los becarios, según se especifica en el pliego de prescripciones técnicas vinculado a este contrato. Los riesgos a amortiguar eran variopintos y entre ellos se hallaban las reclamaciones interpuestas por «procedimientos judiciales, penales, civiles, sociales, o por cualquier otra vía judicial distinta de la Contenciosa-Administrativa», dirigidos contra el SAS o alguno de los múltiples hipotéticos asegurados que no llegaron a serlo. El servicio de salud es unos de los organismos de la Administración andaluza que más reclamaciones genera, según han constatado los servicios de control de aquélla.