El Supremo readmite al juez Serrano en la carrera judicial

Enmienda la decisión del CGPJ que lo inhabilitó por prevaricación

El Tribunal Supremo ha rehabilitado como juez al magistrado Francisco Serrano, que había sido expulsado de la carrera por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la base de su condena a dos años de inhabilitación a manos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El caso del juez Serrano reúne numerosas vicisitudes procesales, de lo que da idea el hecho de que hayan intervenido en su proceso el Supremo y el Constitucional, además del propio CGPJ y del citado tribunal andaluz. Todo tiene origen en la presunta prevaricación que el propio magistrado cometió y por la que fue condenado en 2011. Serrano era juez de Primera Instancia de Sevilla y, como tal, prolongó durante dos días el periodo de estancia de vacaciones de un menor con su padre, con el fin de que el niño pudiera salir en la madrugada del Viernes Santo en una cofradía.

La decisión fue adoptada sin dar audiencia a la madre, al aceptar él la medida solicitada por el abuelo y tras expresar el niño su deseo de participar en la procesión.

Como consecuencia de la querella presentada por la madre, el juez Serrano fue condenado a dos años de inhabilitación. El Supremo revisó aquella primera condena y endureció la pena. Pero el Constitucional, más tarde, amparó al ex juez y anuló la condena del Supremo. Sin embargo, hizo firme la sentencia del tribunal andaluz, condenatoria pero menos dura.

Sobre la base de esa condena del TSJA, y por más que la pena más dura impuesta por el Supremo hubiera resultado anulada, la Comisión Permanente del CGPJ entendió que Serrano había perdido su condición de magistrado. Sin embargo, ahora el Supremo ha acordado su rehabilitación como magistrado, anulando, por no ser conforme a derecho, el acuerdo del CGPJ. El tribunal ha rechazado la petición del magistrado para que se le reconozcan todos sus derechos económicos y administrativos y recuerda que el delito de prevaricación es uno de los más graves que pueda cometer un miembro de la carrera judicial.