El traslado judicial a Palmas Altas queda condicionado a garantizar la movilidad

Junta y Ayuntamiento presentan al sector un proyecto para aprovechar siete edificios de Abengoa en el complejo que el colectivo acepta previa garantía del transporte público y la mínima dispersión de órganos

Tras más de una década "deshojando la margarita"sobre la ubicación del proyecto "enquistado"de Ciudad de la Justicia de Sevilla, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, fueron este martes de la mano a presentar a los profesionales del sector, liderados por el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, cual es su propuesta: aprovechar siete edificios con más de 54.000 metros cuadrados construidos por Abengoa en Palmas Altas. Y la respuesta de quienes tendrán que trasladarse allí ha sido sí pero con dos condiciones: que el acceso en transporte público esté garantizado antes de optar por esa decisión y que la dispersión de órganos sea "mínima"y se consensúe qué organos se quedarían en la actual sede del Prado y cuales se trasladarían, frente a la idea inicial de las administraciones de que fuera la Audiencia Provincial la que se mantuviera.

Tanto Espadas como Marín y Del Río coincidieron en que, pese a que la decisión de dónde irá la Ciudad de la Justicia sigue sin estar tomada, se ha dado un "paso de gigante"porque lo que se va a estudiar es la viabilidad de un proyecto concreto. Hasta ahora las reuniones se habían centrado en barajar distintas ubicaciones. Ahora Junta y Ayuntamiento apuestan por un emplazamiento concreto que tiene unas "dificultades de acceso importantes"que Marín describió gráficamente al admitir que "cualquiera que pensara hoy que se tiene trasladar a Palmas Altas para celebrar una vista le temblarían las piernas". Por eso, los profesionales de la justicia han dicho sí pero con la condición de que antes se garantice la movilidad y las administraciones han aceptado que sin resolver el tema del transporte no habrá traslado.

Para ello, Junta y Ayuntamiento se han comprometido a diseñar un plan de movilidad y a acudir de la mano al Ministerio de Fomento para solicitar su implicación en aquellas infraestructuras de transporte que exigen la implicación del Gobierno, como el metro o el cercanías para complementar las líneas de autobuses que el consistorio pueda incorporar.

Con todo, Marín se ha mostrado optimista y considera que el traslado sería posible en "tres o cuatro años"con un presupuesto de 60 millones para adquirir los edificios construidos por Abengoa y 34 para la remodelación que requieren para adaptarlos como juzgados.

Pero lo cierto es que este martes se ha dado el paso de que todos los implicados están de acuerdo en trabajar en el proyecto de Palmas Altas pero hay incógnitas por despejar antes de confirmar que finalmente sea la ubicación elegida para la Ciudad de la Justicia y no todas dependen de quienes se sentaron este martes a la mesa. Por eso una vez logrado el sí condicionado de los jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios, abogados y procuradores -y constituido un grupo de trabajo para seguir consensuando el plan- el siguiente paso será una próxima reunión de Marín y Espadas con el ministro José Luis Abalos para reclamarle su parte.