El Tribunal de Cuentas también sufrió el obstruccionismo de la Junta con los ERE

El juzgado que instruye el caso de los ERE fraudulentos no es el único que se ha quejado del obstruccionismo de la Junta en la remisión de documentación. El Tribunal de Cuentas también ha puesto de relieve el mismo problema.

El juzgado que instruye el caso de los ERE fraudulentos no es el único que se ha quejado del obstruccionismo de la Junta en la remisión de documentación. El Tribunal de Cuentas también ha puesto de relieve el mismo problema. Tanto es así que ha tenido que solicitar a la Consejería de Empleo al menos en cinco ocasiones los convenios particulares de colaboración suscritos en base al polémico Convenio Marco de 17 de julio de 2001 que firmaron el ex consejero José Antonio Viera y Antonio Fernández, en aquel momento viceconsejero y responsable del IFA, respectivamente. El acuerdo de julio de 2001 es una de las piedras angulares del caso porque dio pie a un proceso arbitrario y opaco para la tramitación de las prejubilaciones y ayudas a empresas.

Los cinco requerimientos del Tribunal de Cuentas los desveló ayer en el Parlamento el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, como golpe de efecto en su segunda pregunta al presidente andaluz. La sucesión de hechos es como sigue. El 27 de octubre de 2011 la delegada instructora de las actuaciones cursó la petición a la Consejería de Empleo, que repitió el 4 de noviembre. Ese mismo día la Junta contestó al requerimiento alegando que la Cámara de Cuentas estaba llevando a cabo una fiscalización de las ayudas otorgadas entre 2001 y 2010 y que, por tanto, la información podría ser coincidente con la que estaba remitiendo al máximo órgano fiscalizador andaluz. La Junta expresó, sin embargo, su «total disposición» a colaborar y a enviar la documentación requerida «a la mayor brevedad», pero el Tribunal de Cuentas tuvo que enviar otros tres escritos más: el 10 de noviembre de 2011, el 17 de abril de 2012 y el 5 de septiembre de ese mismo año.

La juez Mercedes Alaya, encargada de los ERE y actualmente de baja, se quejó también reiteradamente de la falta de colaboración de la Junta. La magistrada llegó a señalar que la Consejería de Empleo trataba de «ocultar datos relevantes para la investigación» y que, en lugar de la documentación ordenada que requería, estaba recibiendo un «batiburrillo» de papeles. El pulso se enconó al negarse la Junta a entregar las actas de los consejos de Gobierno de la última década. El Supremo resolvió a favor del juzgado, pero antes la magistrada avisó a la Junta de un posible delito de «desobediencia».