España: asimetrías ciertas y asimetrías imposibles

Por desconocimiento o por ánimo de mentir, faltan a la verdad quienes sostienen que no existen derechos distintos (asimétricos) de los españoles dependiendo de la región en la que residen. Los hay actualmente. Desde luego vascos y navarros disfrutan de regímenes de financiación abiertamente diferenciados. Tan diferentes que basta dedicar unos minutos a comparar el gasto en educación por alumno que se pueden permitir estas dos regiones forales con el mismo dato en las denominadas regiones de régimen común. Existen también diferencias evidentes en el régimen fiscal de las Islas Canarias y también las hay para Ceuta y Melilla. Precisamente estas dos ciudades ostentan, además, un estatus legal autonómico diferente como ciudades autónomas (curiosamente es ese estatus legal el que reconoce explícitamente su españolidad que, en cambio, no se incluyó en la Constitución). Existen también diferencias importantes en el funcionamiento del sistema eléctrico de las Islas Baleares.

El punto de partida, por tanto, para abordar las demandas de los independentistas catalanes es pues, reconocer que existen asimetrías bien de origen histórico bien por razones de compensación a los compatriotas extrapeninsulares que se fundamentan en la solidaridad del resto de la Nación española. La segunda cuestión es si estas asimetrías son justas (en el sentido económico de equidad) o no. La opinión más extendida y cada vez menos indisimulada es que los regímenes de financiación forales están en el origen de un reparto inequitativo, desigual, de los impuestos recaudados que les permiten financiar con mucho más dinero los servicios públicos (esenciales y no tan esenciales) sobre los que tienen competencias. Tanto el pago que anualmente hacen por los servicios que la Administración General del Estado presta a sus ciudadanos (asistencia en el extranjero, seguridad nacional, etc.) como su contribución solidaria con las regiones menos ricas (vascos y navarros tienen niveles altos de renta per capita), son pagos que se establecen por criterios políticos y no económicos. Es un secreto a voces.

El mantenimiento del sistema de financiación foral es inequitativo visto desde la perspectiva del resto de regiones y sólo se mantiene por el frágil vínculo afectivo que mantienen con el resto de España. No es difícil imaginar que la denuncia del régimen foral vasco llevaría al PNV del independentismo contenido actual al secesionismo explícito. La batasunización actual de Navarra no auguraría nada diferente. Por tanto, la asimetría que suponen los dos regímenes forales en vigor se sostiene en la amenaza de la secesión pero en absoluto en su contribución a la justicia distributiva de los recursos públicos. Si el abordaje de las demandas del independentismo catalán se hace por la vía de reducir su aportación a la solidaridad con el resto de España (los aproximadamente 8.000 millones/año que resultan de las balanzas fiscales), el resultado será inequívocamente insoportable. Baste recordar que en los denominados estatutos de segunda generación (aquellos que nacieron de la reforma de los primeros aprobados tras la Constitución de 1978) rige la «cláusula Camps» en virtud de la cual cualquier mejora que se le reconozca a una región, pasaría a incorporarse automáticamente a las demás.

El resultado sería un sistema de financiación en el que ninguna región con superávit fiscal contribuiría solidariamente a las deficitarias y la cantidad y calidad de los servicios públicos sería groseramente diferente dependiendo del territorio de residencia. Tengan esto claro quienes se dejan seducir por la idea ingenua de atender las demandas del independentismo catalán reduciendo su aporte a la solidaridad a una cifra simbólica como la que ahora pagan vascos y navarros.

Pero si el problema se aborda no desde una perspectiva estrictamente financiera sino también política, esto es, reconociendo a Cataluña un pretendido estatus de Nación, debe saberse que el independentismo no busca sólo un estatus de tal. Su exigencia es la de Nación Estado. Apliquen ustedes la «cláusula Camps» y no resultará difícil imaginar una balcanización fulminante de España. Las otras asimetrías actuales que nacen de la necesidad de compensar a los españoles que tienen limitaciones geográficas al acceso de los servicios públicos esenciales (por razón de su insularidad o extrapeninsularidad) no han provocado ningún rechazo social significativo.

Tampoco pueden ser reivindicadas por los demás por la evidente razón de que esas peculiaridades geográficas no les atañen. Otros problemas como la dispersión demográfica, la diferente evolución de la pirámide demográfica o los movimientos migratorios dentro de España, ya se contemplan en el sistema de financiación y siempre están sujetos a lógica revisión. La cuestión es si España debe caminar hacia el ahondamiento de las asimetrías entre españoles en el acceso de los servicios públicos fundamentales o si se debe garantizar de manera eficaz que servicios como la sanidad, la educación o la justicia estén blindados frente a las pugnas territoriales. Para esto no basta con la razón. Es necesario reconstruir los afectos entre españoles y el reconocimiento de la Nación como marco que garantice nuestra libertad e igualdad en derechos. Desconfiemos de los profesionales de las pugnas territoriales. A menudo no buscan más que mantener sus propios privilegios financiados con el dinero de todos.

* Profesor Titular de Economía de la Universidad de Sevilla. Director de la Cátedra de Economía de la Energía y Medio Ambiente invitado en la Universidad de Lund