Exigen a Borrell el Brexit del polvorín ambiental de Gibraltar

Verdemar pide al ministro que incluya en la negociación con el Reino Unido prácticas como el «bunkering» o el terreno ganado a las aguas españolas

Las denuncias de Verdemar-Ecologistas en Acción suelen ser de largo aliento. La organización ha enviado un escrito al titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, en el que reclama su atención sobre distintos asuntos «calientes» que se mantienen en torno a Gibraltar, después de que el Gobierno andaluz se haya sacudido sus advertencias de los hombros.

Los ecologistas exigen al ministro que «en los acuerdos de salida de la Unión Europea por parte del Reino Unido», el Brexit en corto, se salvaguarde «la protección» de «los valores naturales y paisajísticos del ZEC –Zona Especial de Conservación– Estrecho Oriental español» reconocido por la Unión Europea (UE), al menos «con el rigor y la planificación actual». Sobre éste se cierne una serie de amenazas que detallan a Borrell. Para arrancar, el «'bunkering’, que consiste en el suministro de combustible de barco a barco» en el agua que «se hace en el ZEC», incumpliendo «la normativa comunitaria». A ello se suman las «sucesivas construcciones sobre terrenos ganados al mar, que suponen un impacto puntual» durante el periodo de ejecución de las mismas sobre «las especies de los espacios protegidos». Influjo que puede llegar a convertirse en «irreversible» y «hacer desaparecer» algunas de aquéllas, además de modificar «la dinámica litoral y, con ello, la morfología de los hábitat marinos protegidos». En la zona este en concreto, la del Mar de Alborán, «se está llevando a cabo un relleno de materiales que supera las 15 hectáreas» y que está ligado a la edificación de «un complejo inmobiliario que ha sido bautizado como ‘Sovereign Bay’ o ‘Blue Water’». Y las obras no quedan ahí. «También, junto a la pista de aterrizaje de aviones», se excava «un túnel» y «los materiales contaminados» los trasladan a «canteras de Andalucía para enterrarlos», relatan a Borrell. Verdemar ya ha levantado la voz por ese último peligro, lo que ha motivado que se ponga en marcha, «junto a la playa», una «planta de desorción térmica, una tecnología que se utiliza para descomponer los compuestos orgánicos que afectan al suelo», apuntan. En ese escenario, después de los últimos temporales «se ha producido la pérdida de litoral dentro y fuera de la verja» del Peñón «en el ZEC Estrecho Oriental» y los rellenos están incidiendo en «los últimos cordones dunares en La Línea de la Concepción (Cádiz) y en la flora endémica asociada».

Al dibujo de situación hay que añadirle la «pesca ilegal del atún rojo» con barcos deportivos que «está mutilando y dañando a numerosos cetáceos» en el espacio distinguido por la UE. Las embarcaciones «aprovechan el litigio que España tiene con Gibraltar respecto a las aguas jurisdiccionales y se benefician de ese vacío legal» para realizarla «vulnerando la veda y el requisito del tamaño mínimo» de los animales, lo que afecta a «poblaciones de delfines del Mediterráneo, que usan la zona para alimentarse y reproducirse», explican los ecologistas. «España regula la pesquería del atún rojo en el Atlántico Oriental y Mediterráneo por la Orden AAA/642/2013, de 18 de abril», condensan, pero en las cercanías de la Roca «no existe control y los barcos se refugian en las aguas en litigio cuando son avistados por las autoridades españolas», lamentan.

Verdemar aborda aún un par de últimas cuestiones en su escrito al que tuvo acceso LA RAZÓN: la gestión de los residuos sólidos urbanos que en la actualidad «Gibraltar transporta a la planta de tratamiento de Majadal de Bustos en Los Barrios, Cádiz» y la superposición de dos ZEC: el mencionado del Estrecho Oriental, creado a propuesta de España, y el llamado «Southern Waters of Gibraltar», declarado por una Orden del Gobierno del Peñón. Junto a ellos coexisten «otros espacios de interés comunitario» como Zona de Especial Protección para Aves y «el ZEC ‘Rock of Gibraltar’» que es terrestre. «Gibraltar no tiene aguas territoriales más allá de las que abarca el recinto del puerto, pero la colonia británica, con el asentimiento de Londres, reclama tres millas náuticas. Los sucesivos Gobiernos españoles, apelando al Tratado de Utrecht, jamás han reconocido al Peñón jurisdicción alguna» sobre ellas, recuerdan al ministro. No obstante, «la política de hechos consumados aplicada por el Reino Unido le ha llevado a denominar ese espacio marítimo como ‘British Gibraltar Territorial Waters’ –Aguas Territoriales Británicas de Gibraltar–», cosen. «Algo similar a lo ocurrido con la ampliación del aeropuerto de la Roca sobre aguas españolas», rematan. Reclaman al ministerio, en última instancia, que en los pactos engarzados al Brexit se le «dé una salida respetuosa con el medio y con la legislación europea y española» a la hilera de conflictos ambientales desgranada. Piden que se les informe de las actuaciones que se desarrollen, una reunión de trabajo con el equipo de negociación ministerial y, sobre todo, que sus avisos no vuelvan a caer en saco roto.