Funcionarios de Empleo detectaron 188 «intrusos» e irregulares y a herederos de ayudas de los ERE

Fue un eslabón de la cadena de revisión de 69 expedientes del «caso ERE» y certificó su escasez documental y la falta de control sobre los mismos. Rafael Silva, funcionario de la Consejería de Empleo, expuso ayer en el primer juicio de la «macrocausa» que sólo «un 15 o 20%» contaba con la solicitud de la ayuda, un acta o documento similar, y aseveró que únicamente en expedientes iniciados alrededor de 2008 había «lo que administrativamente» se puede entender como una «resolución formal» de concesión. No existía tampoco informe del gabinete jurídico sobre los mismos ni control a posteriori de ellos. «Tanto es así –apuntó– que un cierto porcentaje de las irregularidades detectadas eran personas que habían tenido en el periodo de prejubilación vida laboral por cuenta ajena». Otra de las anomalías que localizaron pasó por la existencia de herederos de beneficiarios cobrando ayudas para las prejubilaciones. A preguntas del abogado Juan Carlos Alférez, Silva concretó que rastrearon «77 intrusos –trabajadores que cobraron sin estar en las empresas beneficiarias de los fondos y que supondrían un 1,2% del total– y «del orden de 111 –un 1,76%–» con «irregularidades o discordancias administrativas». 188 agraciados globales, «sobre unos 5.900 o casi 6.000 trabajadores» que han seguido cobrando las ayudas gracias a una resolución de la Vicenconsejería de Empleo de 2011, según confirmó, como ratificó los pagos cruzados.