«Guerrero me dijo que era legal porque él era el director general de Trabajo»

Sevilla- Prosigue el rosario de declaraciones del «caso de los ERE». José Manuel Casado, un sindicalista que fue incluido en el expediente de regulación de empleo de la empresa Asea Brown Bovery SA en Córdoba sin tener derecho al mismo al no tener la edad estipulada, manifestó ante la juez Alaya que Guerrero, al incluirlo en la póliza, le dijo que era «legal porque él era el director general de Trabajo».

La magistrada le imputa que «en su condición de apoderado de Licassan Gestiones y Servicios ordenó el pago» de casi 90.000 euros en 2006, «simulando operaciones comerciales ficticias, también con Lógica Estratégica Empresarial, creada por el chófer del director general Guerrero a instancias de éste último». Según la juez, Guerrero le habría favorecido en la formalización de la póliza de ABB Power, «solicitándole por escrito 166 euros más de renta mensual en virtud de la amistad entablada con él». El importe de la prima recibida por este imputado fue de 283.024,51 euros, muy superior a la media del resto de los beneficiarios de la citada póliza». Casado se enfrenta a los cargos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y prevaricación.

El acusado aseguró que «no son ciertos los hechos» y que no sabe por qué aparece en las declaraciones tributarias el pago de casi 90.000 euros. Según Casado, fue «el propio Guerrero» quien «le dijo que podía incluirlo en el ERE, añadiendo que advirtió al entonces director de Trabajo que «por razón de la edad no debía estar incluido». Guerrero, según él, contestó que «no importaba» y «que lo incluía en la comisión de seguimiento» y «era legal porque él era el director general de Trabajo». Casado sí admitió que remitió el correo electrónico pidiendo más dinero. La Fiscalía solicitó como fianza civil 498.000 euros, el coste de la prima facturada por Lógica Estratégica Empresarial más el tercio legal.

LA RAZÓN contactó con el ex director general de Trabajo de la Junta, quien aseguró que los declarado por Casado es «mentira». El ex alto cargo quiere dejar claro que el «intruso» no es «su amigo» y aseveró que lo conoció «durante las negociaciones del ERE de ABB». El ex alto cargo de la Junta mantuvo que su nombre «estaba incluido en el paquete de prejubilaciones que el comité de empresa –al que perteneció Casado– puso encima de la mesa». «No Guerrero», matizó con rotundidad. El ex director general de Trabajo admitió que «con quién sí tenía una cierta relación» es con su hermano, el ex sindicalista de CC OO, Francisco Casado, y que «en alguna ocasión» coincidieron los tres. Pero recalcó que lo expuesto por José Manuel Casado ante la juez «no es verdad». Y remató: «Muchos de los que dicen que son mis amigos, ni lo fueron ni lo son».

Cristóbal Martínez Soria, otro de los presuntos intrusos, declaró ante la magistrada que ha devuelto, con intereses, el dinero recibido. Alaya le imputa que se beneficiara de la póliza con Personal Life como «solución del conflicto laboral surgido en el ámbito de la limpieza pública en Granada». Su inclusión «se produjo por comunicado enviado a Personal Life por el director Guerrero» mediante «pago cruzado de 300.000 euros destinado inicialmente a Fundaciones Caetano». Sin trabajar en ninguna de las empresas afectadas, y cobrando ya otra póliza de Azucareras Reunidas de Jaén, Martínez Victoria «llegaría a cobrar unas rentas mensuales cuyo importe total ascendería a 28.601,13 euros». Sobre este imputado pesan los cargos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

Martínez Victoria indicó que no pidió la ayuda «a Guerrero ni a nadie de su ámbito» y que sólo recuerda una reunión pero para el ERE que le correspondía legalmente de Azucareras Reunidas de Jaén. En este encuentro, «como quiera que la renta se calculó sobre el 90% del salario, dijo que estaba muy asfixiado con ese recorte dadas sus necesidades personales, ya que tenía que pagar cuatro pensiones a sus hijos, un alquiler y una hipoteca». El imputado explicó que «devolvió la cantidad percibida (casi 33.000 euros, incluidos los intereses de demora)» y «que nunca supo si era legal o no». El fiscal solicitó una fianza de 5.000 euros.