Hechos consumados

No hay marcha atrás ni espacio para la negociación. El Gobierno andaluz, que presentará hoy su Anteproyecto de Ley de Presupuestos, recortará las dos pagas extra a los 261.000 empleados públicos andaluces. La reunión de la Mesa General de ayer fue un mero trámite, un paripé. La decisión está tomada, con la aquiescencia de los socios de Izquierda Unida. Los funcionarios andaluces verán por tercer año consecutivo recortado su salario, pese a que los del Estado y los de la mayoría de las comunidades autónomas sólo sufrieron este tijeretazo en 2012. Este año, sólo en Andalucía y en Cataluña se ha aplicado esta medida. El Plan de Reequilibrio Económico Financiero que aprobó el Ejecutivo autonómico en 2012 y al que dio el visto bueno el Ministerio de Hacienda, recogía esta medida para 2012 y 2013. Sin embargo, no presupuestaba ningún ingreso de ahorro en 2014. La Junta ha cambiado su hoja de ruta y, de nuevo, ha decidido penalizar a la función pública. Esto, cuando fue la propia presidenta la que dijo el 27 de septiembre de 2012 que no se podía «seguir cargando en los funcionarios el coste de la crisis». Esta medida sólo va a contribuir a deprimir el consumo y ralentizar la salida de la crisis. La fórmula es clara: a menor dinero disponible de los empleados públicos, menos dinero para el gasto, y como consecuencia, para inyectar en la economía. Distintas son las medidas que están anunciando otras comunidades, y que sí apuntan a un camino acertado. La Comunidad de Madrid va a bajar el IRPF a sus ciudadanos sobre el tramo que tiene autonomía, lo que supondrá que puedan disponer de en torno a mil euros más de media al año. Es, por tanto, entendible la respuesta que dieron ayer los sindicatos presentes en la Mesa General y los no presentes. No hay explicación para este recorte.