Imputada la ex presidenta de Invercaria y la Junta aún duda de que exista «caso»

La ex presidenta de Invercaria Laura Gómiz, declarará como imputada el 12 de junio por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsedad. El juez titular del juzgado de Instrucción 16 de Sevilla le atribuye responsabilidad durante su etapa como directora general –antes de ser ascendida– en las distintas ayudas que recibió de la empresa pública la sociedad Ferias Internacionales de Andalucía (FIVA), un proyecto fallido que percibió 1,6 millones de fondos públicos. El magistrado atiende así una petición de Anticorrupción.

La Fiscalía considera que Gómiz era la «persona que tenía información sobre las operaciones de financiación de FIVA y de la situación de ésta al desempeñar cargo de directora general y asistir a las sesiones del Consejo de Administración» de FIVA del 15 de julio de 2009, en la cual «se autoriza a Pérez-Sauquillo –ex presidente– a facilitar la salida de Novasoft –uno de los socios imputados– de FIVA», y del 9 de noviembre de 2009, «en la que se recoge la concesión de préstamos a sociedades para la compra de las participaciones de Novasoft».

En una providencia notificada ayer, el juez también imputa en la pieza separada de FIVA a Manuel Jesús Rodríguez, responsable del departamento de análisis e inversiones de Invercaria. Declarará el 13 de junio por los mismos delitos atribuidos a Laura Gómiz.

El juzgado de Instrucción investiga las subvenciones de Invercaria a 34 empresas. FIVA es sólo una de ellas. Pese a la magnitud de la investigación judicial –ya hay dos ex presidentes imputados y, en el caso de Gómiz, aún sigue trabajando para la empresa pública–, el Gobierno andaluz siempre ha mantenido que «no hay caso». Ayer no cambió esta postura. El portavoz Miguel Ángel Vázquez señaló que «este asunto acabará cuando termine la instrucción y el juez decida si hay caso para juicio o se sobresee y se archiva». Y ahondó: «no digo una cosa ni la contraria. Sólo que desde la Junta vamos a colaborar en el esclarecimiento de los hechos y a dejar trabajar al poder judicial».

A solicitud del Ministerio Público, el instructor también reclama al Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía para que informe sobre las cuentas bancarias de FIVA y las personas autorizadas en cada una de ellas, extracto de los movimientos de su apertura y persona que haya intervenido en los pagos y reintegros efectuados a los proveedores, así como «cualquier otro pago efectuado tras el cobro de la subvención de la agencia IDEA», que ascendió a 236.000 euros.

Además de los dos nuevos imputados, entre el 14 al 20 de junio el juez ha citado a declarar como testigos a otras nueve personas, entre ellas al ex director de Formación de Invercaria Cristóbal Cantos, cuya denuncia dio lugar a la investigación; y a las dos auditoras que realizaron la fiscalización para la Cámara de Cuentas, Amelia Martínez y María José González.

El «caso Invercaria» salió a la luz pública tras una auditoría de la Cámara de Cuentas, que detectó varias irregularidades en la sociedad pública de capital riesgo. Existen unas grabaciones aportadas por un ex trabajador que denunció el caso, en las que la Laura Gómiz insta a reconstruir expedientes para justificar las subvenciones concedidas a varias empresas. Entre otras cosas, la ex presidenta justificó su actitud con argumentos como «si estuviera comprometida con la ética, no estaría trabajando en la organización».