Imputan malversación y otros dos delitos a un ex parlamentario del PSOE

La Fiscalía Anticorrupción reclama a Ramón Díaz dos millones de euros de fianza civil

El ex  parlamentario socialista Ramón Díaz Alcaraz, ayer en los juzgados
El ex parlamentario socialista Ramón Díaz Alcaraz, ayer en los juzgados

Sevilla- La juez encargada de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, imputó ayer tres delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias al ex parlamentario socialista Ramón Díaz Alcaraz, que se acogió a su derecho a no declarar. La Fiscalía Anticorrupción solicitó una fianza por responsabilidad civil de dos millones de euros.

La responsabilidad de Ramón Díaz en el caso viene por su etapa como asesor de Guerrero en la Dirección General de Trabajo y Seguridad social entre 2005 y 2009. Para ese puesto hizo valer su cercanía al ex director imputado y su experiencia sindical como secretario de la Federación del Metal de UGT Andalucía. La Guardia Civil ya puso de manifiesto cuando le tomó declaración su «papel relevante» en la trama y las significativas contradicciones en las que incurrió. Dijo desconocer todo el marco normativo por el que se regía la Junta para otorgar las ayudas de la partida 31L y que no era consciente de la manifiesta falta de procedimiento.

La imputación se deriva de un auto del 12 de junio de 2012 en el que Alaya señalaba que el ex dirigente socialista habría mediado para la inclusión de al menos cinco «intrusos». Según otra asesora de Empleo, también imputada, María José Rofa, Ramón Díaz y el ex delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, presionaron para que el ex director general de Trabajo Juan Márquez –también imputado– incluyera en la póliza de Calderinox a Juan Rodríguez Cordobés –ex cargo socialista– y Antonio Fernández Garzón en el ERE de Calderinox.

La magistrada le acusa, asimismo, de incluir en otro ERE, el de Saldauto, a Rafael Rodríguez y Antonio González Pérez.

Su gestión en el ERE de la empresa malagueña A-Novo está igualmente en entredicho. La juez señaló en el citado auto que «podría ser activo partícipe» en la inclusión de Manuel Jiménez de Miguel, estando el «interés de su inclusión» al pertener éste a la agrupación socialita de Nervión. El presunto intruso no pertenecía a la empresa A-Novo de Málaga, beneficiaria de varios ERE que supusieron un coste de 30,6 millones de euros, sino a A-Novo Sevilla por un periodo de apenas dos años.

Ramón Díaz también está implicado en la ayuda sociolaboral de 450.000 euros que recibió el SAT Virgen del Espino para ocho trabajadores, cuando dicha empresa realmente sólo tenía dos empleados y todo apunta que la cuantía era para el pago de parte de subvenciones anteriores que estaban pendientes.

La Guardia Civil ha investigado patrimonialmente a Ramón Díaz por haber podido beneficiarse ilícitamente del flujo de sobrecomisiones de las mediadoras Vitalia y Uniter. La UCO también solicitó en su día información patrimonial de otros altos cargos como el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex delegado de Empleo Antonio Rivas y el propio Francisco Javier Guerrero.

Conviene recordar el testimonio ante la Guardia Civil de la ex asesora de Empleo María José Rofa. En el relato escrito que le hizo a la Benemérita señala que Ramón Díaz le llamó el fin de semana en el que una delegación de la Junta visitó secretamente la Consejería de Empleo para revisar expedientes. Rofa evitó decirle que había estado en la Consejería. En ese momento, el fin de semana del 20 y el 21 de noviembre de 2010, el escándalo acababa de estallar con la aparición de un intruso socialista en una póliza. Sin embargo, Díaz le espetó que le llamaba «estando en la sede del partido y no solo. ¿Quiénes crees que están pendientes de estos temas aquí?». Díaz y Rofa no volvieron a hablar. Este diálogo se supo en vísperas de las elecciones de marzo de 2012, que Ramón Díaz apuró repartiendo propaganda electoral del Partido Socialista. El abogado del imputado defendió, en un comunicado, su «absoluta inocencia» en el caso. «Existen abundantes pruebas tanto testificales como documentales de su falta de participación» en los hechos relacionados con este procedimiento. «Su alejamiento de la partida 31L está acreditado a lo largo del sumario y continuará demostrándolo en los momentos procesales oportunos».

El próximo día 17 está citado en el juzgado el ex viceconsejero de Trabajo Justo Mañas. Ocupó el cargo entre 2010 y 2012, siendo consejero Manuel Recio, en la etapa como presidente de José Antonio Griñán.