Invercaria se saltó el plan director para dar incentivos porque era un «borrador»

Tomás Pérez-Sauquillo, ayer en el juicio / Foto:  Manuel Olmedo
Tomás Pérez-Sauquillo, ayer en el juicio / Foto: Manuel Olmedo

El ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo se sacudió ayer responsabilidad, después de que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla rechazara todas las cuestiones previas planteadas por su defensa y por la de la ex administradora de Aceitunas Tatis Gracia Rodríguez. Lo hizo dentro de un contexto: el primer juicio ligado a la «macrocausa» en la que se investiga la gestión de la empresa pública de la Junta Invercaria que gira en torno a una presunta malversación de fondos por un préstamo participativo de 100.000 euros concedido en 2009 a la mencionada empresa radicada en el municipio jiennense de La Carolina.

Las versiones que algunos proponen a otros no les encajan y la que el ex presidente de Invercaria defendió ayer en el juzgado pasó por que no existía «descontrol» alguno a la hora de proceder a la selección de las inversiones de capital de riesgo que se realizaban en entidades. Fuentes del caso aseguraron a este periódico que a lo largo de la vista oral «se probará que estaba todo analizado y no sólo por Invercaria, sino también por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA», de la que dependía la primera y la que la nutría de fondos, ambas dentro de la estructura del Gobierno autonómico.

De momento ayer el ex presidente, quien se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de seis años de cárcel por varios delitos, aseveró que él «siempre» intentó ser «transparente» con el consejo de administración de la entidad que capitaneó y apuntó a la existencia de técnicos que guiaban la actuación de ésta, según aportaron otras fuentes de la causa consultadas por LA RAZÓN.

Lo que sí admitió Pérez-Sauquillo a preguntas del Ministerio Público es que no se cumplió con un plan director que se elaboró y en el que se recogieron las directrices a seguir a la hora de tramitar y otorgar los incentivos, aunque lo justificó alegando que se trataba de un documento interno, de un «borrador» que podía estar sujeto a cambios y que se había quedado «obsoleto» al preveer, entre otras cuestiones, que se concedieran una docena de inversiones anuales y en 2009 se gestionaron varias decenas.

Sostuvo que no dependían de ninguna normativa para distribuir los préstamos, «sólo de la Ley de Sociedades Anónimas», de acuerdo a lo anotado por las mismas fuentes, y que «jamás» recibió un aviso por carecer de un manual que rigiese la selección de inversiones, ni por parte de IDEA ni de la consejería a la que ésta estaba adscrita.

El ex presidente de Invercaria explicó también en sede judicial que él contaba con «absoluta potestad» en lo que se refería a inversiones hasta una cuantía de 450.000 euros, pero las que se situaban en la horquilla entre esa cifra y los 1,2 millones tenían que tener el visto bueno del Consejo Rector de IDEA. En el caso de que fueran superiores a ese último importe, debía intervenir el Consejo de Gobierno de la Junta.