IU pide unificar al personal subrogado, negociar un convenio e incluso un ERE

sevilla- La diputada de IU en el Parlamento Rosalía Martín reclamó ayer a la Junta de Andalucía una reforma en profundidad del sector público empresarial y no una «huida hacia delante», que es lo que ha hecho a su entender la Administración andaluza. Entre sus propuestas, instó a la creación de una sociedad mercantil que agruparía a todo el personal subrogado en las agencias administrativas –los trabajadores que provienen de las empresas públicas extinguidas, denominados «enchufados» por los sindicatos de funcionarios–. Esa empresa daría servicio a las agencias y se negociaría un único convenio colectivo con los trabajadores «e incluso los ERE que fueran necesarios».

«Se requiere una revolución administrativa en la Junta de Andalucía», aseguró la portavoz de la coalición de izquierdas en la comisión de Hacienda y Administración Pública. Para Martín, el problema actual es consecuencia de la gestión socialista en los últimos 30 años. «El PSOE tuvo la tentación de huir del derecho administrativo y ha construido una red de entes instrumentales con libertad para manejar los fondos públicos sin los corsés presupuestarios», argumentó.

La consecuencia es una «inmensa red de entes incontrolados» que la ley de reordenación del sector público empresarial no ha mitigado. De hecho, la portavoz de IU hizo suyos argumentos esgrimidos por los sindicatos de funcionarios, que han alertado de que la relación entre el personal en las agencias administrativas –donde conviven funcionarios de correo, laborales y personal subrogado contratado «a dedo» en empresas extintas»– es inexistente, lo que genera «descontento, desinterés y desidia». La consecuencia: «relaciones laborales pésimas» y un régimen jurídico «lleno de dudas» que genera «inseguridad jurídica», dijo.

Según IU, se producen «contratos en fraude de ley» y una «parálisis de la Administración». Y advirtió de que hay personal en estas agencias «que no tiene tareas». De ahí su propuesta de unificar a todo el personal en una nueva empresa, dotarla de actividad y de un convenio –hay empresas en la que están vigentes hasta tres convenios colectivos y hay trabajadores que realizan las mismas tareas y no cobran lo mismo–.

Pese al ataque de su socio de gobierno, la consejera Carmen Martínez Aguayo defendió la reordenación y cifró el ahorro tras la eliminación de 113 entes y 294 puestos directivos en 200 millones en tres años.

Por su parte, el diputado del PP Rafael Ruiz Canto aseguró que pronto presentará en la Cámara una lista de «enchufados» en las empresas públicas: «Algunos de ustedes van hasta a sus cumpleaños», amenazó.