La concesión del restaurante La Raza, camino de los tribunales

El histórico e icónico restaurante La Raza de Sevilla, ubicado en el Parque de María Luisa, ha generado una agria polémica en la capital hispalense entre los empresarios que lo dirigen y el Gobierno municipal de Juan Espadas que amenaza con resolverse en los tribunales. El Ayuntamiento considera que la concesión administrativa es «improrrogable jurídicamente», al estar «completamente caducada», mientras que el empresario Pedro Sánchez-Cuerda anuncia un recurso de reposición que si no es atendido acabará en litigio contencioso-administrativo al entender que se produce un «error» municipal.

Sánchez-Cuerda, que es además presidente de la Asociación de Empresarios Hosteleros de Sevilla, comunicó ayer que el 2 de mayo pasado expiró la última prórroga que regía sobre el contrato de arrendamiento suscrito en 1972 entre el Ayuntamiento titular de un recinto declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y José Rodríguez Cala, fundador del negocio. Y es que el Consistorio acordó extinguir los contratos de arrendamiento de locales de negocios formalizados antes del 9 de mayo de 1985, conforme a la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Arrendamientos Urbanos. En la mayoría de casos se reconoció al arrendatario un derecho preferente, pero se utilizó la fórmula de «nuevo arrendamiento» en cinco espacios de titularidad municipal, al recaer las concesiones sobre bienes de dominio público. Pedro Sánchez-Cuerda mantiene que, aunque en 1985 el Ayuntamiento emprendió una revisión de oficio al entender que el espacio del restaurante es un bien de dominio público, con la idea de convertir dicho contrato de alquiler en «una concesión administrativa», dicho procedimiento habría sido «archivado» y el contrato de arrendamiento «se mantuvo», por lo que el mismo «era correcto».

«Las consecuencias de ese error no pueden recaer ahora exclusivamente sobre el titular del contrato de arrendamiento», reivindicó Sánchez Cuerda. Por ello, en el recurso de reposición la empresa pedirá la suspensión de la resolución, alegando que allá por 1972 las concesiones administrativas «se daban por 50 años», se reclamará aplicar como mínimo dicho plazo o el actual de 75 años y que esta concesión expire, como muy pronto, en 2022.

El Ayuntamiento explica que otro local, el Bar Citroen, está en idéntica situación –pagan 200 euros al mes– y que todos los informes dicen que es imposible prorrogar la cesión y estos empresarios podrán presentarse al concurso público que se abrirá.