La crisis sanitaria estalla y reúne a 100.000 manifestantes

Jesús Candel «Spiriman» convoca nuevas protestaspara pedir la dimisión de la gerente de los hospitales y del alcalde de Granada

El pasado 16 de octubre, Granada se echó a la calle por primera vez para exigir la paralización de la fusión hospitalaria y el fin de los recortes en la sanidad pública andaluza. Fueron 40.000 personas, según datos de la Policía Local, las que secundaron la convocatoria de Jesús Candel «Spiriman», un médico de urgencias que ha revolucionado las redes sociales con sus constantes críticas a la gestión sanitaria de la Junta, poniendo en jaque a la mismísima presidenta del Ejecutivo, Susana Díaz. Tres meses después, la ciudad de la Alhambra se echó ayer a la calle por enésima vez –ya van tres marchas multitudinarias, una concentración el pasado 1 de diciembre mientras Candel se reunía con el consejero de Salud, Aquilino Alonso, y otra en Jaén, el 16 de diciembre, coincidiendo con el mitin de Díaz y Zapatero–, aunque en esta ocasión otras tres capitales andaluzas protestaron de manera masiva contra una política sanitaria lastrada por los déficits asistenciales y la falta de recursos. En tres meses, las denominadas «mareas blancas» han dejado al descubierto las debilidades del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y es ahora, justo cuando la gripe arrecia y las urgencias hospitalarias se colapsan, cuando las protestas han estallado en cuatro de las ocho capitales andaluzas, reuniendo a casi 100.000 manifestantes –84.000 según las cifras oficiales y 155.000 contabilizados por las plataformas organizadoras–. Y todo ello, mientras Díaz prepara su asalto a la Secretaría General del PSOE. Un obstáculo inesperado y demasiado alto en su carrera política nacional, puesto que la «joya de la corona» se ha convertido en un grave problema.

La protesta más multitudinaria fue la de Granada, reuniendo a más personas que la primera cita de octubre: 55.000 manifestantes, según la Policía Nacional. Candel volvió a enarbolar la bandera de los «dos hospitales completos» y aseguró que Díaz «es la única interlocutora válida en este proceso», iniciado tras la apertura el pasado mes de julio del nuevo hospital del Parque Tecnológico de la Salud (PTS) y que ha supuesto la dispersión de numerosos servicios asistenciales. Igualmente, dio un paso más al anunciar una nueva concentración mañana en la Delegación Provincial de Salud para reclamar la dimisión de la gerente del Complejo Hospitalario de Granada, Cristina López Espada, y otra el jueves a las puertas del Ayuntamiento, para reclamar lo mismo al alcalde, el socialista Francisco Cuenca. La presencia política destacada en la marcha fue la del secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, quien instó a la Junta a derogar la orden de fusión, al entender que este proceso conlleva «recortes», por lo que «la voz mayoritaria de la ciudadanía, que está en contra, debe ser respetada».

Sevilla estrenó convocatoria y lo hizo frente al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta. Unas 5.000 personas, según la Policía Local –en torno a 20.000, tal y como contabilizaron los organizadores–, marcharon con una fuerte presencia de representantes políticos de distinto color y sindicales. Miembros del Sindicato Médico Andaluz participaron sin siglas ni banderas, sólo con globos y batas blancas. Su presidente, Antonio Rico, confió en que «la llama de Granada no se pierda» y denunció la «mala gestión» de la Junta en materia sanitaria. «No vengo como presidente del Sindicato Médico, sino como un ciudadano y un usuario más», advirtió, no sin antes criticar que «las listas de espera son intolerables, puesto que hay personas que esperan varios años para operarse de cataratas». También apoyó la protesta la Plataforma de Atención Temprana. Su presidente, Antonio, Guerrero, enumeró las carencias sanitarias en la provincia, como el cierre del hospital militar, los problemas del hospital de Valme, que «podría ser un centro de primer nivel», o el Duque del Infantado, que «está infrautilizado». «Ha habido un recorte brutal en los recursos humanos, técnicos y financieros», y recordó que «en sanidad hay que actuar en el momento, justo cuando afloran las necesidades, algo que no se ha hecho». En cuanto a la atención temprana, aseguró que «nuestros niños necesitan muchos paneles genéticos y pruebas muy específicas, que están sufriendo retrasos enormes». De hecho, «hay médicos a los que se les prohíbe hacer estas pruebas porque son caras».

Huelva se echó a la calle por segunda vez, reuniendo a 19.000 personas, según la Policía Nacional. La convocante de la manifestación, Julia Paloma Hergueta, denunció que «en dos meses no se ha movido nada», sin que el colectivo haya obtenido respuesta de la petición de reunión enviada al consejero del ramo y a la propia Díaz. Tan sólo mantuvieron un encuentro con el gerente del SAS, José Manuel Aranda, «comprometiéndose solo a que tuviéramos una ambulancia para el traslado de críticos propia y no compartirla con Sevilla».

En Málaga alzaron su voz 5.500 manifestantes, según la Subdelegación del Gobierno. El promotor de la marcha, Jonathan Andrades, señaló que «no queremos enfermeras desbordadas, personal de limpieza despedido, médicos colapsados ni pacientes abandonados a su suerte en un sillón de urgencias».

La Junta desoye las críticas y presume de «esfuezo inversor»

Lejos de reconocer las carencias en las plantillas y los problemas asistenciales en los hospitales y centros de salud –denunciados reiteradamente por sindicatos y plataformas de pacientes–, la Junta sacó pecho ayer de su «esfuerzo inversor» en materia sanitaria, desoyendo así las voces de los casi 100.000 andaluces que salieron a la calle para reclamar una sanidad digna. En un extenso comunicado, la Consejería de Salud, no obstante, señaló que seguirá «abierta al diálogo, que está dando sus frutos, y trabajando intensamente, como ha venido haciendo hasta ahora, para mejorar la calidad de la sanidad». Tras recordar que la fusión hospitalaria «está paralizada» en Granada y Huelva, remarcó que no se han producido recortes en estos últimos años, un mensaje que choca frontalmente con el discurso que mantienen los profesionales y los sindicatos que los representan. «El Gobierno andaluz ha incrementado su presupuesto sanitario en los últimos tres años un 13,4 por ciento», señaló el departamento que dirige Aquilino Alonso. Este año, subrayó, la partida de sanidad «crece un 5,5 por ciento, casi 500 millones más que en 2016, hasta alcanzar la cifra de 9.304,7 millones de euros». Por tanto, la Junta «destina 1 de cada 3 euros del presupuesto autonómico a esta materia, realizando un gran esfuerzo inversor».

No dejó atrás la Consejería los ataques al Gobierno central y al PP, que «han roto el principio de universalidad del Sistema Nacional de Salud», a pesar de que la sanidad es una competencia exclusiva de la comunidad autónoma. En este punto, rechazó la «politización» de estas manifestaciones y denunció, nuevamente, que tanto PP como Podemos «lanzan mensajes catastrofistas». «Sorprende que partidos de ideologías tan opuestas se alineen en un intento de desprestigiar la sanidad pública, haciendo el juego al PP».

En cuanto a las plantillas, insistió en que el Ejecutivo de Díaz está haciendo un esfuerzo «ímprobo» por mantener los 95.600 empleados del Servicio Andaluz de Salud (SAS), «la mayor empresa sanitaria del país». En este ámbito, recordó las «mejoras» que se han producido recientemente, como la recuperación de las 35 horas semanales, la consolidación de más de 15.000 eventuales y ofertas de empleo que «permitirán estabilizar a más de 10.100 trabajadores». Sobre infraestructuras, el año pasado se estrenaron 21 equipamientos sanitarios y anunció que en los próximos meses abrirán el nuevo hospital de Ronda y los centros de La Línea, Bornos y Jerez Este, entre otros.

También hizo la Consejería un análisis provincia por provincia. En Granada «se seguirán manteniendo encuentros para alcanzar el consenso mayoritario necesario», con la meta de los «dos hospitales completos y finalistas». Sobre Huelva, valoró el «esfuerzo» realizado en el área pediátrica, que «evitará más de 600 derivaciones de menores al año a Sevilla». En Málaga no se refirió al tercer hospital que demandan los profesionales y pacientes en la capital.