La defensa de los menores con necesidades se trasladará a la calle

Asociaciones, plataformas, sindicatos, monitores y colegios profesionales gestan una gran movilización antes de que finalice al año para visibilizar los problemas y el respaldo social.

Indignación causan los métodos utilizados. Desconfianza provoca el continuo incumplimiento de las promesas. Incertidumbre genera la falta de eficacia de los planes que se implantan o tratan de implantarse. Hartazgo es la sensación que transmiten tanto afectados como profesionales por la falta de soluciones. La confusión es otro de los estados que genera la distribución actual de los recursos y, sobre todo, perplejidad es una palabra repetida al comprobar cuál es la escala de prioridades en algunos casos que desde la Administración autónoma se utiliza desde áreas clave como salud y educación hacia la población más vulnerable, los menores que representan el futuro. Frente a estos estados de ánimo, sólo caben la rebeldía, la lucha desde la verdad y el diálogo, la denuncia pública, la creencia de que hay otros caminos y, por supuesto, la unión de quienes pueden reunir la fuerza necesaria para cambiar las cosas. Y un poco de todo esto se está empezando ya a mover.

Visibilizar este movimiento, transmitir que ese respaldo de la sociedad no es minoritario y lanzar un mensaje que obligue a una necesaria reflexión de los gestores es el objetivo de una macromovilización que se está gestando entre asociaciones, plataformas, colectivos de monitores de educación especial, trabajadores de la dependencia, sindicatos, colegios profesionales sanitarios... La intención es aglutinar a cuantas más personas mejor a un plazo de mes y medio o dos meses. Antes de que finalice 2016, en cualquier caso. Ya no es cuestión de reunir firmas simplemente sino de involucrar a un amplio sector de la sociedad afectado y otro amplio porcentaje concienciado de que se pueden hacer mejor las cosas.

Y es que el inicio del curso ha vuelto a destapar muchas carencias en ámbitos básicos como el educativo y el sanitario, interrelacionados en muchos aspectos. A la precaria situación de los monitores de apoyo a los alumnos con necesidades educativas especiales se une la falta de material específico y la insuficiente plantilla que, ha de cubrir un número de alumnos que en su conjunto –se incluyen unidades de educación especial, autismo, apoyo integración, audición y lenguaje específica, programas específicos...– superaron en el curso 2015/16 los 145.000 en la comunidad. Una cifra que implica un reconocido esfuerzo de la Junta de Andalucía por dar cobertura, pero también una clara falta de eficiencia para responder a un sector que ha de ser prioritario. Qué decir de la atención temprana, un servicio que tiene que dar respuesta inmediata a más de 20.000 menores en toda Andalucía y cuyo sistema, lejos de mejorarse con un nuevo decreto, ha generado una absoluta indignación en los padres y madres. Ante las promesas políticas previstas para el mes de septiembre, muchas familias se han encontrado con recortes en las terapias de estimulación para menores de cero a seis años con trastornos en el desarrollo. Un detonante más para echarse a la calle y decir basta. Y con ellos, colectivos de profesionales que ven cómo sus avances con los menores se pueden ver frustrados al igual que sus condiciones laborales. Todo ello, por la falta de diálogo con muchos de los colectivos implicados y el no reconocimiento como interlocutores válidos a quienes pueden poner en duda los planteamientos oficiales.

Mientras tanto, la Administración condena a muchos de estos menores a ser la hipoteca vitalicia de sus padres, con terapias insuficientes que terminan cuando cumplen los seis años y todo el tratamiento de estimulación queda reducido a los servicios que ofrezca el centro en el que permanezcan escolarizados, en muchos casos con profesionales insuficientes a los que no se cubren las bajas, y obligando a los padres a costear en muchos casos el material que sus hijos necesitan por falta de recursos.