La empresa de la Junta Invercaria ya no busca abogados que la defiendan tras presentarse los del PP-A

Acuerda el desistimiento del proceso de adjudicación del servicio al que iba a destinar 100.000 euros

La licitación se ha quedado encapsulada. El Gobierno andaluz buscaba quien le cubriera servicios de «asesoramiento y asistencia jurídica en materia de derecho penal en todos los procedimientos seguidos en el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla» procedentes de las diligencias de investigación que afectan «al grupo de sociedades» nacidas de la matriz llamada ahora Venture Invercaria SAU, adscrita a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, es decir: Venture Invercaria SAU2 e Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía SICC, SA. Se trata del denominado «caso Invercaria» en el que se desmenuza la gestión de esa entidad pública de capital riesgo, fuente de préstamos que repartió.

El importe de la licitación era de 100.000 euros, 121.000 con IVA, y entre quienes aspiraban a hacerse con el contrato se encontraban, según ha podido saber LA RAZÓN, los abogados Luis García Navarro y Lourdes Fuster, representantes procesales del PP-A en múltiples «macrocausas» como la de los ERE presuntamente fraudulentos, la de los cursos de formación financiados por la Junta o las protagonizadas por la agencia IDEA. Ellos, como el resto de aspirantes, han vuelto al punto de partida, ya que Venture Invercaria ha acordado «el desistimiento del procedimiento de adjudicación». El motivo oficial del paso atrás es «la imposibilidad de asignar un precio individualizado a la prestación del servicio de asistencia jurídica y defensa en cada uno de los procedimientos judiciales» afectados «dentro del presupuesto máximo de licitación», los 100.000 euros. A esto se suma «la incongruencia existente en el periodo de vigencia del contrato –un año–, no determinándose en los pliegos» si la cobertura «ha de continuarse hasta la finalización de los procedimientos ya contratados», o bien si, transcurrida la anualidad, «habría de procederse» a otra licitación que incluyera las causas ya asignadas. La impulsora de la contrata, la Junta, considera ahora que son «infracciones no subsanables en las normas de preparación del contrato».