La Fiscalía apoya ahora investigar los vertidos tóxicos de la mina de Aznalcóllar

Pide que se admita parcialmente el recurso que presentó Emerita contra el archivo de la causa sobre la contaminación de cauces públicos

Del proceso judicial en el que se investiga la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) a la agrupación societaria Minorbis-Grupo México goteó una segunda causa. La instructora de la primera, Patricia Fernández, envió a los juzgados de Sanlúcar la Mayor –los correspondientes por la ubicación del yacimiento– documentación sobre unos presuntos vertidos contaminantes detectados en el complejo minero que podrían afectar, entre otros puntos, al río Agrio para que abriesen una investigación paralela por un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. El asunto recayó en el juzgado Mixto número 3 de aquella localidad, que el pasado enero archivó las diligencias. Pero Emerita Resources, una de las licitadoras en el concurso del Gobierno autonómico que acabó asignando Aznalcóllar a Minorbis-Grupo México, volvió a la carga y recurrió al considerar «evidente» la existencia de aportes contaminantes «al dominio público hidráulico» y ahora hay novedades. La Fiscalía ha remitido un escrito al órgano judicial en el que pide que se estime parcialmente aquel recurso y que el biólogo adscrito al Ministerio Público realice una pericial que aclare si «existen vertidos o filtraciones de aguas fuera del recinto minero» teniendo en cuenta «toda la documentación obrante en la causa y no solamente la tomada en consideración por la Junta de Andalucía y la CHG –Confederación Hidrográfica del Guadalquivir–». Se refiere a que esas dos entidades emitieron informes sobre unas muestras que se recogieron en julio de 2015, pero hay otro informe del Instituto Nacional de Toxicología (INT) derivado de una segunda inspección del Seprona de la Guardia Civil, llevada a cabo en febrero de 2016, que apuntaría a que podría haber afección tanto al Agrio como al arroyo de Los Frailes. El Ministerio Público soporta su postura en cuatro argumentos básicos: «La extrema importancia del medio afectado», «los antecedentes catastróficos existentes derivados de una insuficiente gestión de los residuos tóxicos y la constancia de otros episodios de toxicidad descritos en su atestado por el Seprona», la necesidad de contar con «toda la información fiable posibles y contrastarla» y lo «limitado de los informes» del Ejecutivo regional y la CHG, que «insisten en la estanqueidad de la instalación» y en la «no afección de las aguas exteriores», según consta en su escrito al que tenido acceso LA RAZÓN. De ahí que pretendan que el perito hilvanado a la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente informe de si, a la luz de toda la documentación, «puede determinarse» si se producen derrames de «lixiviados procedentes de la mina», si éstos, de confirmarse, «afectan al dominio público hidráulico», en especial al cauce del Guadiamar y en contra de lo que defienden la Junta y la Confederación; y si esa circunstancia o el peligro de que se dé «tiene naturaleza grave». De ser así, habrá que saber si se debe a una mala gestión «evitable» y señalar responsables.