La Fiscalía archiva la denuncia por «enchufes» en la empresa de limpieza de Málaga

La Fiscalía de Málaga ha acordado archivar las diligencias de investigación penal abiertas para esclarecer supuestos enchufes en la contratación de trabajadores de la empresa mixta Limasa, al considerar que «no existe fundamento para ejercitar acción alguna».

La Fiscalía de Málaga ha acordado archivar las diligencias de investigación penal abiertas para esclarecer supuestos enchufes en la contratación de trabajadores de la empresa mixta Limasa, al considerar que «no existe fundamento para ejercitar acción alguna».

El representante del Ministerio Público descarta así un presunto delito de tráfico de influencias, investigado a partir de las declaraciones del presidente del comité de empresa de la sociedad, Manuel Belmonte, en las que acusó a distintos partidos políticos, entre ellos el PP, de haber «colocado» a trabajadores en esa entidad hasta el año 2013.

Esas declaraciones, efectuadas en una de las sesiones de la comisión de investigación en torno a la empresa de limpieza, motivaron una denuncia interpuesta por el grupo municipal de Ciudadanos, formación que puso en conocimiento de los tribunales las citadas prácticas de tráfico de influencias por parte de autoridades o cargos políticos municipales que no identificaba.

Desde la presentación de la denuncia el pasado mes de abril, el Ministerio Público ha practicado diligencias para esclarecer los hechos denunciados, y ha requerido copiosa documentación relativa a los contratos efectuados, incorporaciones a través de las vías de sustitución reguladas en el convenio y otras medidas.

Durante la investigación se tomó declaración en calidad de testigo al responsable de recursos humanos de Limasa, tras haber analizado el fiscal toda la documentación aportada sobre contrataciones de los últimos cinco años de la empresa.

También compareció en calidad de testigo el propio Belmonte, que no afirmó ni descartó que hubiese habido recomendaciones de políticos, ya que carecía de pruebas documentales.

En los fundamentos de derecho, el representante del Ministerio Público aclara que no es competente para revisar la política de contratación laboral seguida desde la empresa a fin de comprobar si se ajusta o no a los criterios de igualdad, mérito y capacidad propios de la gestión de un servicio público de primera necesidad.