La Guardia Civil ofrece pruebas del amaño en la venta de los terrenos

Una de las ramas del «caso Mercasevilla», la irregular venta de los terrenos de la lonja hispalense, va aclarándose poco a poco. Un informe de la Guardia Civil de mayo de 2013 aporta más pruebas que confirmarían el amaño del concurso público de adjudicación de un derecho de opción de compra entre el ex director de la empresa mixta Fernando Mellet y la inmobiliaria Sanma.

Entre las conclusiones que ofrece la investigación se asegura que existieron «contactos previos a la convocatoria del concurso entre la sociedad que resultó adjudicataria (Sanma) y el poder adjudicador (Mercasevilla), unos contactos que continuaron en fechas posteriores a la convocatoria», con correos electrónicos y documentos intercambiados entre los abogados de ambas sociedades. Ambos, Armando Rozados (Mercasevilla) y José María Flores (Sanma), «negocian las subrogación del derecho de superficie» que tenía Larena 98, otra sociedad, «realizando las correcciones solicitadas por ambas partes hasta llegar a un acuerdo en las cláusulas y condiciones».

Sanma adquirió dichos derechos por 1.080.000 euros, «todo ello con el consentimiento de Mercasevilla», y fue la única con dichos avales que acudió al concurso pese a que también los tenían empresas como Dole, El Corte Inglés, Hipercor y El Pozo, añade la Guardia Civil.

El atestado señala como «circunstancia cuanto menos extraña» que Sanma sólo estaba dispuesta a pagar a Larena 98 la cantidad de 900.000 euros por sus derechos de superficie cuando se estaba negociando una adjudicación directa pero luego accedió a pagar 1.080.000 euros «una vez que se informa que debe someterse la opción de compra a los principios de publicidad y concurrencia». Un riesgo que no parece lógico correr sin tener atada la adjudicación con un concurso a la medida. De hecho, según el informe «parece claro que Sanma le envía a Mercasevilla, antes de la publicación del Pliego de Condiciones del concurso, un formato de pliego de condiciones» en el que ya se observaba como el punto más valorado la titularidad de unos derechos previos de superficie. En concreto, en el borde superior izquierdo del documento «De cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas para la adjudicación mediante concurso público de terrenos sito en el sector ARI-DE-03 Mercasevilla» figura manuscrita la inscripción «Enviado por Sando 11/10/05», siendo Sanma una sociedad perteneciente al grupo empresarial Sando. Por la titularidad de los derechos de superficie obtiene 40 puntos.

Además, «apresuradamente, a falta de dos días para que finalizara el plazo de presentación de ofertas», Mercasevilla firmó un contrato con un experto universitario para elaborar las tablas de ponderaciones, dice la Guardia Civil, que también califica como «carente de toda lógica» la puntuación otorgada a las tres empresas que ofertaron el precio mínimo de compraventa final.

La jueza Mercedes Alaya , titular del juzgado número 6 de Sevilla, habla de este asunto directamente como una «adjudicación fraudulenta» porque además la inmobiliaria Sanmaofertó 105 millones de euros frente a los 158 de su competidora Noga, con una claro «perjuicio para el interés general... mediante artificios administrativos». De hecho se incluyó en el proceso una cláusula para penalizar las ofertas que excediesen del 10% de la media aritmética de las ofertas presentadas. La juez definió en su día dicha cláusula como «antieconómica, contraria al interés general y no contemplada en la ley».

En esta rama del «caso Mercasevilla» hay ya 24 personas imputadas, entre ellas el ex primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU), quien controlaba todos los movimientos que se hacían por aquella época en la lonja municipal.