I+D
La I+D perdió 30 millones por incumplimiento de la Junta en 2015
El Ejecutivo no ejecutó sus Presupuestos mientras reclama a empresas privadas la mitad del objetivo de 1.770 millones para este año
El mar de cifras que ofreció la presidenta de la Junta durante la presentación del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Paidi) 2020 concluyó con un grandilocuente anuncio: «de forma inminente» saldría una convocatoria para movilizar casi 2.200 millones de euros. La comunidad científica aguarda con escepticismo que el próximo mes se materialice un compromiso que aliviaría la complicada situación a la que les ha conducido el recorte de fondos. Este apoyo se ha frenado de manera alarmante en los últimos siete años, posiblemente a consecuencia de la crisis económica, pero es obligado resaltar que no ha sucedido lo mismo, o al menos no en tal magnitud, en otras comunidades autónomas, se quejaban en un manifiesto suscrito por medio centenar de investigadores de renombre. La inversión global alcanzó en Andalucía el 1,03% del PIB en 2014, último dato disponible; muy alejada de la media española del 1,25% y sobre todo de la meta del 2% fijada por el Gobierno andaluz en su día. «Acaba de ser aprobado en el nuevo Paidi 2020, pero esto no es suficiente, ya que se deben redactar de forma urgente los reglamentos sectoriales e iniciar su puesta en marcha –advertían–. Cada día que transcurre aumenta nuestro retraso frente a nuestros competidores».
De momento, la Junta es la primera que no está cumpliendo con sus compromisos presupuestarios. En 2014, fijó en 412,9 millones el capital para I+D. Un año después, los Presupuestos reflejaban que se invertirían 413,7 millones, una teórica subida del 0,7% que finalmente se rebajó a 383 millones al cierre del ejercicio. Más de 30 millones de euros esquilmados a un ámbito que ha sufrido drásticas restricciones de gasto también desde el sector privado.
En 2016, los Presupuestos han reservado 392 millones para iniciativas relacionadas con la actividad investigadora en 2016. Los cálculos del Paidi 2020 sitúan en 1.770 millones el objetivo para este primer año de ejecución de un plan que debió comenzar a ejecutarse el año pasado. A las administraciones públicas corresponderá el 0,26% del PIB, 391 millones, mientras que las universidades asumirían 682 millones (0,45%). El mayor peso se reclama al sector privado: 696,8 millones, el 0,46% del PIB.
La meta de la Agenda por el empleo y la estrategia regional RIS3 Andalucía es instalarse en el 2,2% del PIB dentro de cuatro años. No obstante, la Junta ya advierte de que su «aportación económica dependerá de numerosas circunstancias, además de estar sometida durante el período de ejecución del plan a la disciplina presupuestaria y a los objetivos de estabilidad y sostenibilidad que eventualmente se vayan estableciendo», según se explicita en el documento recientemente aprobado. Los cálculos obligarían a las administraciones públicas a duplicar su inversión actual, del 0,26% del PIB en este ejercicio al 0,50 en 2020. En cifras implicaría pasar de 391 millones a 893. Las universidades serían responsables del 0,50% de la inversión frente al 0,46% actual; esto es, de 682 a 893 millones. En el sector privado recaería el mayor esfuerzo: 1.786 millones en 2020, un 1% del PIB.
El problema se amplía cuando la financiación comprometida tampoco llega. «Hay proyectos que se financiaron globalmente que al final no han recibido más que una parte», advierte Víctor Muñoz, vicerrector de proyectos estratégicos de la UMA. Coordina además el campus Andalucía Tech, un ejemplo del parón en el desarrollo tecnológico regional: de los 70 millones de inversión previstos en sus cinco años de andadura, los fondos recibidos se han quedado en 13,2: 5,2 provenientes de la Junta y el resto del Gobierno central. Un exiguo porcentaje (el 19%) que supone que solo ha llegado uno de cada cinco euros. «Estuvo prácticamente cortada la financiación. Recibimos un préstamo del antiguo Ministerio de Innovación y Ciencia y una subvención de Educación, además de fondos de la Junta», relata. Pese a todo, la trayectoria de Andalucía Tech ha sido calificada con la máxima nota por parte de los organismos internacionales de evaluación.
Respecto al empleo, el balance del lustro 2010-2014 supuso la pérdida de más de dos mil investigadores. Como catedrático de robótica, Muñoz también ha sufrido este frenazo en su trabajo: su proyecto para desarrollar un robot con aplicaciones en la cirugía oncológica recibi cien mil de los trescientos mil euros presupuestados. «Tenía siete personas contratadas y solo pudieron continuar tres», explica. Tres años después, la iniciativa ha concluido cumpliendo con los objetivos mínimos. «Lo que te piden son publicaciones y hemos terminado el prototipo aunque muy alejado del mercado. Hay que priorizar», lamenta. Esto significa que la investigación se ha realizado y justificado, pero el proyecto no tendr utilidad real. «El equipamiento sin personas es chatarra, lo que produce la ciencia son las personas. Si a eso se añade que el profesorado por los recortes tiene muchísimas más clases, las horas de investigación se reducen y la producción decrece. No se pueden hacer milagros», zanja.
El parón se va a notar ahora, va a haber un período de sequía, asegura la Asociación de Investigadores Precarios de Andalucía. Su representante en Granada, Miguel Ángel Fernández, desconfía de la convocatoria de ayudas anunciada para junio. «Es básicamente una declaración de intenciones pero la realidad es que la Junta lleva mucho retraso y quedan convocatorias por salir que caducaban en 2012», explica. Él mismo aguarda para concurrir al año post-doctorado congeladas de momento. Un contrato-puente de la Universidad de Granada le permite continuar trabajando, suerte que no han corrido otros compañeros. «El dicho que tenemos los investigadores es que las salidas aparte de la Universidad son por tierra, mar y aire», bromea sobre las opciones para emplearse en el sector privado.
La asociación considera que el futuro pasa por que «la financiación sea estable, lo más alejada posible de ciclos políticos y crear además una cultura de investigación. Simplemente con las palabras ‘vamos a fomentar la inversión privada’ no va a ocurrir mágicamente», critica.
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