La Inspección de Trabajo corrobora la precariedad de los monitores de educación especial

Desde que en 2006 la Junta privatizó el servicio de apoyo al alumnado con necesidades especiales los profesionales contratados han venido asumiendo condiciones penosas. Más de 900 monitores, repartidos por toda la comunidad, así lo atestiguan. Incluso una reciente sentencia del TSJA ha condenado a la Consejería de Educación por cesión ilegal de trabajadores. Y ahora, según ha podido conocer LA RAZÓN, es el propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social el que corrobora la precariedad instaurada año tras año.

La Inspección de trabajo en Sevilla ha puesto al descubierto una deuda con Hacienda de 175.915,92 euros de Celemín & Formación SL, una de las empresas de cabecera de la consejería para externalizar el servicio. La investigación arrancó en mayo de 2016 y abarca el periodo temporal comprendido entre marzo de 2012 y septiembre de 2016, determinando como «hechos constatados» que Celemín «no ha abonado a sus trabajadores las cantidades debidas en cumplimiento de los convenios colectivos de aplicación» y, como consecuencia de ello, «tampoco ha procedido al pago de la pertinente cotización a la Seguridad Social», pues «la base de cotización está integrada por las cantidades debidas a los mismos, si son superiores a las efectivamente pagadas, generando tal circunstancia la existencia de diferencias de cotización a la Seguridad Social». En consecuencia, Celemín no ha procedido al pago de la pertinente cotización al Régimen General de Seguridad Social por contingencias comunes, profesionales y conceptos de recaudación conjunta en dicho periodo, «según las cantidades que los trabajadores afectados tenían derecho a percibir».

En segundo lugar, el acta de liquidación al que ha tenido acceso este diario refleja que Celemín ha abonado a parte de sus trabajadores determinadas cantidades en concepto de «plus transporte», complemento que la empresa excluyó hasta junio de 2014 de la base de cotización. Y en tercer lugar, también se excluyen en su totalidad de la base de cotización las cantidades referidas a «dietas y transporte» y «p. locomoción», así como de los conceptos de recaudación conjunta. La documentación presentada por la empresa, a juicio de la propia Dirección General, resulta inadecuada para justificar estos conceptos. Una vez comunicada la liquidación, Celemín disponía de 15 días hábiles para presentar alegaciones y la Dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social tiene un plazo de seis meses para dictar resolución.

Celemín ha continuado obteniendo contratos en los procedimientos de renovación del servicio en los que ha participado. Los dos últimos, referentes a un lote de Granada, por valor de 350.000 euros, y otra adjudicación en Huelva, el 12 de diciembre, por 1,5 millones. En el primero de los casos, el precio por la hora de trabajo se elevó ya a 14,18 euros.

Se da la circunstancia de que Celemín ha presentado más de un recurso contra los pliego de cláusulas administrativas, al entender precisamente que el presupuesto de licitación es insuficiente para cubrir los costes salariales de acuerdo con el convenio colectivo aplicable, pero siempre fueron desestimados, alegando incluso «la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)» que Celemín ya había prestado ese servicio durante cursos atrás por importes inferiores al precio de licitación.

No fue hasta septiembre pasado cuando el recurso de otra empresa, Factudata XXI, logró prosperar en el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, que reconoció que no se salvaguardaba la «libre competencia». La Administración se vio obligada a admitir que había pagado años atrás casi un 20% menos de lo que correspondería a los monitores y elevó de 12,20 a 14,50 euros por hora el precio de licitación.

Desde la Asociación de monitores de educación especial de Sevilla califican a estas empresas como «fraudulentas». De hecho, recuerdan que la APAE, mientras se resuelven las impugnaciones realizadas en el procedimiento de renovación del servicio, firmó un contrato menor, y a dedo, con Celemín, que ya venía ofreciendo el servicio en otros puntos de la provincia y pasó a tener en nómina al grueso de los 170 monitores sevillanos, hasta marzo, cuando se resuelva el concurso. Esta subrogación del personal dio lugar a otro agravio comparativo. Celemín integró a trabajadores respetando su condición de auxiliares técnicos educativos, pero mantenía a sus empleados como cuidadores pese a cumplir idénticas tareas. Esta diferencia de categoría profesional se traduce en una merma económica. Y esto, sin tener en cuenta el resto de incumplimientos del convenio, que de forma sistemática viene tolerando la Junta. La empresa ni siquiera se presentó al acto de conciliación que tuvo lugar en el Sercla con los trabajadores para tratar de evitar la vía judicial. Tampoco acudió nadie de la Junta, al no reconocer vinculación alguna con estos trabajadores.

La situación es doblemente sangrante, no sólo queda demostrado que las privatizaciones acaban perjudicando al trabajador, sino que éste tiene en muchos casos que convivir con personal laboral de la Junta (alrededor de 725) que, realizando las mismas funciones, cobra entre 300 y 400 euros más.

Las cláusulas sociales que sólo ve la consejera

El problema de la externalización no es exclusivo del apoyo al alumnado con necesidades, sino extensible a otros servicios educativos complementarios. El caso de los monitores de comedor ha provocado incluso una reciente huelga. El asunto fue abordado ayer en comisión. C’s pidió «cláusulas sociales que protejan a los monitores y den trabajo a empresas del entorno» sin macrolotes y la consejera se remitió al compromiso adqurido por la Junta sobre estas cláusulas. «A lo mejor no ha leído los pliegos», le espetó a Marta Escrivá.