La Inspección fuerza a la Junta a hacer accesible unas instalaciones

El sindicato CGT advirtió de que se había producido el «despido tácito» de una «trabajadora del 112 de Córdoba», Y. S. M., quien, «tras el deterioro de su salud» se había visto obligada a usar silla de ruedas. Avisó de que «Ferrovial –la concesionaria del servicio de emergencias regional– le negaba el empleo», aunque le había trasladado que le abonaría el salario, sin concretar «hasta cuándo».

Ahora la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha formulado un requerimiento tanto a esa entidad como al «titular del servicio y del edificio», esto es, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, en el que les da un plazo «máximo de subsanación» de un mes, «en orden al cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo». Esta norma fija que estos puntos y en particular, «las puertas, vías de circulación, escaleras, servicios higiénicos y puestos» utilizados por personas con alguna minusvalía «deberán estar acondicionados» para que las mismas puedan usarlos. Ello tras llevar a cabo acciones inspectoras para comprobar la inaccesibilidad de la empleada a su plaza, situada en la «planta alta del edificio» y constatar, entre otros aspectos, que «la silla de ruedas no cabía en el ascensor» que conduce a la misma. Ha confirmado además que la empresa ha ofrecido a la empleada la posibilidad de «traslado y exoneración de la obligación de acudir a su puesto» hasta que «se adopten las medidas necesarias y obligatorias para garantizar su derecho al trabajo». La Inspección se reserva el suyo de continuar con las actuaciones «con las consecuencias sancionadoras procedentes» en el caso de que la sociedad y la Junta incumplan su requerimiento, sin perjuicio de que la propia Y. S. M. ejerza las acciones judiciales pertinentes, «partiendo de la consagración constitucional y legal» de su derecho «al trabajo» y a una «ocupación efectiva». Es más, como ya informó este diario, la asesoría jurídica de CGT preparaba una demanda por despido tácito, tras lo sucedido por el empeoramiento de la salud de la «compañera», que tras la resolución de la Inspección de Trabajo «se hará efectiva reclamando la nulidad del despido, en caso de que, llegado el 2 de mayo, el edificio dependiente de la Consejería de Justicia que gestiona Rosa Aguilar» no siga lo mandatado. La organización sindical no entiende que haya instalaciones de una Administración que no sean accesibles aún para una silla, máxime si se trata de una como el Gobierno andaluz, que presume de ser «pionero» en esta materia y en igualdad.