La Intervención constata el pago de hasta chisteras con cargo a un curso de la Junta

Un consorcio educativo de la administración autonómica abonó 584 polos para una actividad formativa de 80 alumnos

Rojo alerta de intensidad química. Esto es lo que se puede decir que detectó la interventora del Gobierno autonómico que ha ratificado en un juzgado sevillano el informe que elaboró sobre el Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades), el ubicado en Almonte (Huelva), entre la documentación de éste que revisó para hacerlo. María Rosario L. se encontró con facturas ilegibles, con errores e incluso incompletas, según dejó constancia en su trabajo consultado por LA RAZÓN, y con muchas que no eran subvencionables por distintos motivos vía las tres ayudas que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) otorgó al ente onubense ya extinto entre 2008 y 2010. Sumadas éstas superaban los 5,5 millones de euros.

La técnico reflejó en su trabajo numerosos casos de pagos de honorarios a particulares y a empresas por cursos que no se hallaban subvencionados en los expedientes a los que estaban cosidos y otros de recibos por conceptos como «viaje de tierra de relleno» o «sacos de yeso» sin «relación alguna con la actividad» formativa que financiaba el Gobierno andaluz. Entre la facturación anómala hay varios ejemplos ligados al teórico vestuario de los alumnos, como dos recibos emitidos en los meses de octubre y noviembre de 2009 que incluían «15 cazadoras, 190 chalecos reforzados, 335 polos de manga corta, 249 polos de manga larga –584 en total–, 200 gorras y 200 maletines» que supusieron un importe de «11.566,59 euros» sin que se haya certificado «su entrega a los alumnos» cuando además el grupo de éstos en el curso 2009-2010 analizado era «sólo de 80». A ello se engarza otro cargo de un proveedor distinto de «62 cazadoras» valoradas en 3.352,80 euros, otra de un «uniforme profesor», por 185,60; y una más en concepto de «bota polo a medida», por una cuantía de 180 euros, aunque no se subvencionó ninguna acción didáctica de Polo.

A cursos de formación ecuestre se imputaron por ejemplo ocho facturas de un mismo proveedor entre octubre de 2010 y junio de 2011 para la adquisición de «un par de botas, 100 pares de guantes, 10 corbatas, tres chisteras, 30 pantalones y 14 cascos» por una cuantía de 2.351,051 euros; incluso se abonó «un trofeo» para una «feria ganadera».

En el informe de la interventora se confirma la existencia de otros gastos sufragados con el dinero público que ya se habían difundido como los 2.059,75 euros que se embolsó un catering por la celebración de una «comida de Navidad 2008-2009 de profesores y alumnos», que obviamente no guardaba «relación con la ejecución de la actividad formativa»; los 960 que fueron a parar a una agencia de viajes por una «visita a Salamanca»; o los 422,65 euros que costaron «21 plazas desde El Rocío y Almonte a Córdoba» en autobús. Vinculado a un curso de mayoral se plasma también un abono de 900 euros como «pago parcial por el 50 por ciento de semen congelado de Utrerano VII para una yegua» que nada tenía que ver «con la impartición» de la actividad de formación ni se ha acreditado «la realización de la operación facturada» ni se llegó a liquidar la deuda por el resto. Como tampoco se sabe si se llegó a construir o no un estercolero cuya ejecución se financió con «16.659,92 euros».

María Rosario L. expone en su informe además irregularidades ligadas a dietas y desplazamientos del personal del antiguo consorcio como un apunte de un almuerzo de la ex directora gerente del mismo, Ana María Orihuela, que, a juicio de la técnico, «no guardaba relación con los cursos subvencionados». El sobrino de ésta, Cristóbal Ojeda, por su parte, emitió cinco facturas por «trabajos realizados en vigilancia y guardería –más luego una sexta por ‘sustitución de vacaciones’–» expedidas entre octubre de 2010 y febrero de 2011 por un global de 9.576,05 euros. La interventora avisa en su trabajo de que «se desconoce el lugar» donde se realizaron los servicios y, por tanto, si supusieron una «duplicidad» de costes con respecto a las labores de guardería que Antonio Herrera cobró en el mismo periodo sin que se certificara «la necesidad» de ese gasto «para realizar la actividad subvencionada» por la Junta. En definitiva, la interventora concluyó, tras estudiar los expedientes de las tres ayudas a petición del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que no se cumplieron en ninguno de los casos «las finalidades para las que fueron concedidas las subvenciones», por lo que se puede aseverar que no se dio «el adecuado destino» a los fondos públicos.