La jueza abre la anunciada pieza de la Sierra Norte

El «caso ERE» continúa siendo desglosado por la jueza María Núñez Bolaños, que ayer dio a conocer el auto por el que se forma una nueva pieza relativa a la instrucción seguida hacia los empresarios Jose Enrique Rosendo y José María Sayago por hechos que pueden suponer delitos de prevaricación y malversación por los fondos recibidos como ayudas de la Junta de Andalucía que se calcula ascendieron a 34 millones de euros, y por los que están siendo investigados 15 personas, entre las que se encuentran los ex consejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera. La investigación llevada a cabo hasta el momento acumula siete tomos y pasa a ser competencia del juez de refuerzo Álvaro Martín.

La magistrada acuerda incoar diligencias previas además de a los ex consejeros citados, a los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, al conseguidor de los ERE Juan Lanzas y a Ángel Rodríguez de la Borbolla, ex alcalde socialista de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y hermano del ex presidente andaluz, José Rodríguez de la Borbolla. De igual modo, dirige esta pieza separada contra el propio José María Sayago; el ex alcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo (PSOE); la ex secretaria de Guerrero María Ángeles Gala; la ex asesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa, o el ex director general de Finanzas del antiguo IFA Pablo Millán.

La Fiscalía y las partes personadas disponen de tres días para interponer un recurso de reforma o cinco para un recurso de apelación. En su auto, la jueza explica cómo Enrique Rosendo Ríos, fallecido el pasado mes de enero, y José María Sayago habrían construido un entramado empresarial de sociedades «que muchas de ellas carecían de actividad y trabajadores» con el objetivo de recibir ayudas de la Junta y traspasar los fondos a otras empresas. «El grupo, en connivencia con responsables de la Junta habrían percibido «fraccionadamente y de modo coordinado» múltiples subvenciones, «evitando en muchos casos con las cuantías de las ayudas sobrepasar los límites competenciales» de la Consejería de Empleo y el IFA/IDEA.

El importe total de las ayudas ascendió a 34 millones. Resoluciones emitidas por los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Francisco Javier Guerrero por importe de 27.928.772 euros, «suscribiéndose convenios con IFA/IDEA para materializar estas ayudas por importe de 16.461.132 euros».

Las sociedades estaban divididas en tres grupos. El primero, constituido por la entidad municipal de El Pedroso Sodelp, de la que Rosendo era vicepresidente y Sayago consejero delegado; en el segundo figura la entidad matriz Arcadia Emprendedora, una entidad «sin trabajadores y sin aparente actividad, más que desde ella controlar al resto de sociedades». El tercer grupo estaría constituido por la cooperativa SAT Virgen del Espino, cuyo presidente, Eduardo Lora Ruiz, «tendría vinculaciones a través de sus órganos sociales con ciertas sociedades antes mencionadas de Rosendo y Sayago, como Matadero, Al Ballut, Maestrazgo, Sael, Sociedad de Servicios y Envasado».

La jueza analiza las subvenciones recibidas por hasta 18 de estas sociedades, entre ellas la de 2,6 millones a Marco de Estudios y Proyección Siglo XXI, donde destaca que, «de los escasos trabajadores que tuvo esta empresa, uno o dos al mismo tiempo, estuvo empleada la hija del consejero de Empleo Sonia Viera, contratada desde abril de 2003 a mayo de 2004, llegando a cobrar en un año 48.189,45 euros como supuesta ‘responsable de comunicación del grupo’».

Por otro lado, el abogado y el procurador que representan al sindicato Manos Limpias en el «caso ERE» han renunciado a seguir ejerciendo dicha representación por motivos personales tan sólo dos días antes de que agentes de la UDEF detuvieran a once personas en el marco de la «operación Nelson» contra Ausbanc y Manos Limpias, a las que acusa de constituir una trama dedicada a extorsionar a entidades bancarias.